La Contraloría General ha emitido un informe de orientación de oficio (N° 005-2025-CG/0706-SOO) que expone presuntas irregularidades en la Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA) durante la reposición de 3 servidores públicos por mandato judicial. El documento, fechado el 25 de abril de 2025, detalla que las resoluciones directorales regionales N° 0475, 0476 y 0512, emitidas en marzo de 2025, habrían violado la normativa al reincorporar a Iluminada Cecilia Manrique Torre De Mota, Giovani Meyer Sánchez De La Cruz y Anali Margareth Osorio Rodríguez en plazas orgánicas sin realizar concursos públicos, tal como exige el Decreto Legislativo N° 276 (nombrados).
Según el informe, las sentencias judiciales —emitidas entre 2017 y 2024— ordenaban la reposición de los trabajadores en sus cargos anteriores o similares, pero bajo contratos temporales, sin que ello implicara su ingreso a la carrera pública administrativa. Sin embargo, la DREA habría interpretado estas disposiciones de manera incorrecta, asignándoles plazas permanentes registradas en el sistema NEXUS, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, que requiere concurso obligatorio por sus beneficios.
El caso más emblemático es el de Anali Margareth Osorio Rodríguez, cuya sentencia (Expediente N° 00519-2017-0-0201-JR-LA-02) especificaba que su reincorporación como abogada debía ser temporal, «en tanto se someta a concurso público dicha plaza». No obstante, la Resolución directoral regional N° 0512 la reposicionó directamente en una plaza orgánica, ignorando incluso una resolución judicial de 2021 que declaró «no a lugar» su reclamo por un contrato permanente.
Los informes técnicos que sustentaron estas resoluciones, elaborados por el especialista administrativo Oscar Luis Dextre Aguilar, recomendaron la reposición en plazas del Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P), pese a que las sentencias judiciales prohibían expresamente el ingreso a la carrera pública sin concurso. La Contraloría destacó que estas acciones transgreden los artículos 12 y 13 del Decreto Legislativo N° 276, así como el artículo 28 de su reglamento, que establece la nulidad de todo acto administrativo que omita el concurso público.
Además, el informe revela que las plazas asignadas —como la de Trabajador de Servicio III (código NEXUS 625268814916) y Abogado II (código 625298814912)— no eran cargos de confianza, por lo que su ocupación requería concurso. La Contraloría también cuestionó que la DREA invocara la Ley de Presupuesto 2025 para justificar las reposiciones, cuando las sentencias judiciales ya establecían condiciones específicas que no incluían la permanencia.
La auditoría evidenció que, antes de las reposiciones, los tres servidores percibían remuneraciones menores (S/1,100 a S/2,500 mensuales) bajo contratos temporales, según registros del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Tras las resoluciones, sus plazas quedaron registradas en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos (AIRHSP) con niveles remunerativos superiores, sin sustento legal.
La Contraloría concluyó que estas acciones «afectan la legalidad y transparencia en la gestión pública» y recomendó al director de la DREA, Edver Román Paredes Milla, adoptar medidas correctivas en un plazo de cinco días hábiles. Hasta la fecha, no se ha informado sobre acciones concretas para revertir las irregularidades.
