Denuncias
Diez alcaldes distritales podrían terminar en la cárcel
Fiscalía ratifica acusación por designación ilegal y falsedad genérica en la Unidad Vial provincial.
La Tercera fiscalía provincial Penal Corporativa de Huaraz, a cargo del fiscal Renato Sulmer Arapa Díaz, ratificó la acusación penal contra el alcalde provincial de Huaraz, David Rosales Tinoco, y diez burgomaestres distritales, por presuntos delitos de designación ilegal de cargo público y falsedad genérica, en la polémica contratación de un funcionario sin cumplir los requisitos establecidos por ley.
Según la acusación, los alcaldes involucrados —entre ellos Evert Valverde Sandoval (Pira), Elmer Cacha Catire (Jangas), Genaro Chinchay León (Tarica), Wilson Huamán Minaya (Olleros), Rigoberto Carbajal Yauri (Colcabamba), Ladislao Cruz Villachica (Independencia), Dioscórides León Fernández (Huanchay), Edsson Ardiles Colonia (Pampas Grande), Marleny Figueroa Zuñiga (Cochabamba) e Inocente Guillen Pineda (La Libertad)— habrían avalado la designación de Hernán Henostroza Sáenz como gerente del Instituto Vial Provincial (IVP), pese a no contar con una maestría en gestión pública, requisito indispensable para el cargo.
El fiscal Arapa sostuvo que los acusados mintieron en sus declaraciones fiscales, al afirmar que su decisión se sustentó en una ordenanza municipal del año 2005, cuando en realidad dicho documento no fue aplicado en el proceso de nombramiento. La Fiscalía determinó que la única norma válida era el manual de perfil de puestos, lo que evidencia la irregularidad de la designación.
Ante las pruebas reunidas, el Juzgado correspondiente dictó auto de enjuiciamiento, por lo que los implicados enfrentarán juicio público. El Ministerio Público ha solicitado dos años de prisión suspendida para el alcalde provincial, y hasta cinco años de prisión efectiva para los alcaldes distritales, por la designación ilegal de funcionarios y falsedad genérica.
El fiscal Arapa remarcó que este proceso representa un avance en la lucha contra la impunidad en el ejercicio de la función pública, y reafirmó que durante el juicio se demostrará la responsabilidad de cada autoridad en los actos irregulares cometidos.