Documentos y testimonios señalan la designación de personal que no cumpliría con los perfiles técnicos exigidos y el uso comercial de espacios institucionales bajo la actual presidencia.
Diversas denuncias han puesto en cuestionamiento la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de Áncash, presidida por Nilton Moreno Merino para el periodo 2025-2026. La información, difundida a través de un informe dominical, expone una serie de presuntas inconsistencias relacionadas con la contratación de personal, conflictos de intereses y el uso de instalaciones públicas.
Uno de los puntos centrales del reporte es la contratación de trabajadores que no contarían con los requisitos académicos o la experiencia mínima exigida por ley para sus cargos. Se menciona el caso de Julio Enrique Robles Godenzi, quien figura como notificador pese a ser estudiante de ingeniería, incumpliendo el requisito de poseer una carrera técnica afín. Situaciones similares se reportan con Hugo Figueroa Sal y Rosas y Johnny Moreno Pajuelo, quienes ocuparían plazas de asistencia sin el perfil técnico correspondiente.
Asimismo, se cuestiona la designación de Jorge Daniel Alfaro Ames como auxiliar administrativo. Siendo economista de profesión, su perfil no se ajustaría a la plaza asignada; el informe destaca que dicho funcionario compartiría actividades deportivas (básquetbol) con el presidente de la Corte, Nilton Moreno.
El reporte detalla casos específicos de adjudicación de plazas bajo la modalidad CAS donde el personal no acreditaría los años de experiencia requeridos. Stefanie Carolina Colca Vázquez habría obtenido una plaza de especialista legal en el proceso CAS 002-2025, a pesar de que el puesto exige dos años de experiencia y su título profesional fue emitido en noviembre de 2023. De igual forma, Madelyn Selenia Cacha Robles accedió a una plaza de especialista judicial en enero de 2025, pese a haberse titulado recién en abril de 2024.
Además, se advierte la presencia de personal con antecedentes legales, citando a Elizabeth Figueroa Álvarez, quien labora en la institución pese a tener una sentencia por violencia y resistencia a la autoridad.
En el ámbito administrativo, se señala que Helen Patricia Flores Sánchez, quien ocupa el cargo de Analista II y se desempeña en la secretaría de presidencia, labora en la misma sede que su pareja y padre de sus hijos, Moisés Jimmy Salazar Andrade, quien es especialista judicial.
Finalmente, el informe recoge denuncias sobre el uso del comedor institucional, inaugurado en agosto de 2024 para el refrigerio de los trabajadores. Se reporta la venta de alimentos por parte de terceros dentro de dicho espacio público, presuntamente vinculados a familiares de funcionarios de la Corte. Al ser consultada sobre este punto, la funcionaria Flores Sánchez negó cualquier vínculo comercial de sus familiares con el comedor de la institución.
