El tablero político de Áncash acaba de ingresar a su episodio más oscuro y dramático de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Lo que debió ser un trámite formal de inscripción virtual el pasado 19 de junio ante el Jurado Electoral Especial de Huaraz, bajo la firma digital del personero legal Nerio Edinson Sánchez Norabuena, se ha transformado en un escándalo mayúsculo de ribetes penales.
Cuatro ciudadanos ancashinos han alzado la voz de la manera más contundente posible, presentándose ante las oficinas electorales y notarías de Huaraz para denunciar que el partido de la lampa clonó sus identidades, falsificó sus rúbricas y los convirtió en candidatos a la fuerza, “sin nuestro consentimiento, sin nuestra autorización para usar nuestros datos y sin nuestras firmas”.
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La historia de esta presunta fábrica de candidatos comenzó a desmoronarse el 20 de junio, cuando las víctimas descubrieron con profunda estupefacción que sus nombres figuraban en las listas oficiales publicadas por la plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones. El ultraje a su libertad ciudadana e intimidad personal provocó una reacción inmediata.
Bethune León Mejía, quien figuraba como postulado al cargo de consejero por la provincia de Huari, y Dámaso Víctor Huamán Moreno, un anciano de 77 años colocado como candidato por Recuay, ingresaron un durísimo recurso conjunto el 21 de junio exigiendo ser excluidos de forma inmediata y demandando que la lista completa “se caiga” por carecer de validez jurídica.
Los afectados detallaron que en ningún momento suscribieron las hojas de vida ni los formatos obligatorios de aceptación, calificando el hecho como una práctica sistemática de falsificación atribuible al personero Sánchez Norabuena y al propio candidato a la gobernación regional, Jaime Carrión Gil.
Cada uno arrastra una historia particular de vulneración; mientras Huamán Moreno adjuntó pruebas de que su firma fue burdamente falsificada desde la etapa interna, León Mejía demostró con cargos fehacientes que él había renunciado de manera irrevocable antes de que se realizaran las elecciones primarias del partido.
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Lejos de tratarse de casos aislados, la crisis se agudizó el 25 de junio con la aparición de dos nuevos testimonios procedentes de la Notaría Cano Pérez de Huaraz.
Elena Paula Ccolquehuanca Lázaro y la joven Betzi Omaira Lliuya Lázaro acudieron ante la doctora Zoila María Cano Pérez para certificar mediante verificación biométrica sus identidades y desmentir de manera categórica al partido.
Ambas relataron que, si bien en un primer momento entregaron sus documentos para participar en las elecciones internas por la provincia de Huaraz, el Comité Nacional Electoral de Acción Popular jamás las consideró ni las eligió en sus comicios de delegados del 24 de mayo. Para su sorpresa, el personero legal procedió a inscribirlas en la solicitud final ante el Jurado Electoral Especial, falsificando la Declaración Jurada de Consentimiento y el Anexo 1 del Jurado Nacional de Elecciones.
En la misma fecha, el ciudadano Luis Enrique Quispe Vásquez se sumó al bloque de resistencia civil, denunciando idéntico proceder e informando al jurado su decisión de romper cualquier vínculo con la agrupación debido a estas conductas delictivas.
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Desde el punto de vista del Derecho Electoral, los argumentos vertidos por las víctimas sitúan a la lista de Acción Popular al borde de una inminente e irreversible tacha de improcedencia total.
El sustento normativo es lapidario conforme al artículo 10, numeral 10.1, literal c de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 28094), es un requisito de validez obligatorio que las listas de consejeros regionales cuenten con candidatos representativos válidos en cada una de las provincias del departamento.
Al acreditarse la falsificación y proceder la exclusión de oficio de los candidatos por Huari, Recuay y Huaraz, la lista del partido de la lampa quedará mutilada, dejando provincias enteras vacías. Esto constituye un incumplimiento de la valla provincial de carácter insubsanable según el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, lo que arrastrará el cierre definitivo de la postulación de Jaime Carrión Gil a la gobernación.
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Asimismo, amparados en la histórica Resolución N° 0085-2018-JNE, que establece que basta una declaración jurada auténtica para expulsar de oficio a un falso candidato sin requerir una sentencia judicial previa, el Jurado de Huaraz se encuentra obligado a remitir los actuados al Ministerio Público.
El personero legal y los cabecillas de la campaña de Acción Popular enfrentarán en los próximos días una investigación penal formal por el delito de falsedad genérica estipulado en el artículo 438° del Código Penal, una mancha imborrable que convierte esta aventura electoral en una inminente pesadilla judicial.
