Soledad Rodríguez, dijo que dicha convocatoria ha sido objeto de cuestionamiento y denuncia penal por parte del Procurador Municipal, quien argumenta una presunta ilegalidad y violación de los derechos de la comuna provincial.
La Defensora del Pueblo ha afirmado que su rol no consiste en evaluar la legalidad o ilegalidad de los actos, ni en tomar posición sobre la disputa en torno a los terrenos en cuestión. Rodríguez ha destacado que su función principal es velar por la protección de los derechos de los ciudadanos y asegurar que se respeten los principios de transparencia, equidad y justicia.
En cuanto a la resolución presentada por el ejército que respalda su posición como propietarios de los terrenos, la Defensora del Pueblo ha señalado que se validó dicha posición. Sin embargo, ha llamado la atención sobre el hecho de que no se solicitó lo mismo al alcalde de Huaraz, lo cual ha resultado extraño en el desarrollo del caso.
