El reciente traslado al médico legista del abogado Peterson Rosales León, actual decano del Ilustre Colegio de Abogados de Áncash, tras su implicancia en una denuncia de atropello a una mujer en la avenida Luzuriaga ocurrido ayer 16 de abril del 2026, se suma a un registro documentado de intervenciones policiales de la misma naturaleza. La revisión de los archivos de la Comisaría de Huaraz expone intervenciones previas por inconductas al volante por parte del representante del gremio legal.
De acuerdo con la denuncia policial número 06365351, el 15 de septiembre del año 2015, a las 00:40 horas, Serapio Peterson Rosales León fue intervenido en la intersección de la avenida Fitzcarral con el jirón Caraz. El acta policial detalla que el conductor presentaba aliento alcohólico mientras se trasladaba en un vehículo Toyota Yaris, por lo que fue llevado a la Comisaría PNP de Huaraz. El parte indica que, una vez en las instalaciones, el intervenido intentó darse a la fuga, siendo ubicado posteriormente a bordo de un taxi en la intersección de la avenida Luzuriaga y el jirón Sucre. Durante su recaptura, opuso resistencia, motivo por el cual el personal policial le colocó grilletes de seguridad para su traslado de retorno a la dependencia.
Siete años después, el 8 de noviembre del año 2022, se registró un nuevo hecho que consta en la denuncia número 24753777 de la Comisaría de Huaraz. A las 19:00 horas, a la altura de la avenida Raimondi con la avenida Fitzcarrald, el vehículo Hyundai Tucson conducido por Rosales León impactó por la parte posterior al automóvil manejado por Olenka Pilar Mautino Espinosa. El reporte policial consigna que el conductor realizaba maniobras temerarias y evidenciaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. Para la realización de las diligencias, la policía constató que presentaba ojos rojos, balbuceo al hablar e inestabilidad al momento de caminar.
La acumulación de estos expedientes policiales en la jurisdicción plantea preguntas respecto a la aplicación de las sanciones administrativas y penales correspondientes. La reincidencia en intervenciones vehiculares por presunto estado de ebriedad, que incluyen antecedentes de resistencia a la autoridad e intentos de fuga en dependencias policiales, exige un pronunciamiento y una actuación diligente por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Resulta apremiante que las autoridades competentes del sistema de justicia en Áncash esclarezcan los procedimientos legales aplicados en los años 2015 y 2022, expliquen los motivos por los cuales este historial no ha derivado en consecuencias legales o inhabilitaciones efectivas a largo plazo, y tomen medidas definitivas que garanticen el principio de igualdad ante la ley frente a cualquier ciudadano que ponga en riesgo la seguridad en las vías públicas. La pregunta es ¿Esta vez lo liberarán?
