A pocos días del inicio del año escolar, la Institución Educativa Sabio Antonio Raimondi sigue sin poder intervenir el derrumbe que afecta su ingreso principal.
La Dirección Descentralizada de Cultura (DDC) de Áncash, tras una tercera inspección, reiteró que cualquier obra en la zona requiere una certificación especial debido a su condición de área arqueológica.
El proceso implica la autorización previa del Ministerio de Cultura y un trámite municipal, lo que impide la inmediata remoción de escombros.
Sin embargo, la DDC deslindó cualquier responsabilidad en caso de incidentes una vez iniciadas las clases, una postura que ha generado indignación en la comunidad educativa, que exige priorizar la seguridad de los estudiantes sobre las restricciones burocráticas.
Mientras los trámites se dilatan, la incertidumbre crece entre los padres de familia, quienes piden que la seguridad de los niños y adolescentes sea priorizada sobre cualquier formalidad administrativa.
