Una inspección ejecutada por el Órgano de Control Institucional en el Hospital «Víctor Ramos Guardia» de Huaraz ha dejado al descubierto un escenario de desgobierno administrativo y sanitario que vulnera la seguridad de los pacientes en la capital de Áncash. El Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/4905-SVC, elaborado tras la evaluación realizada entre el 1 y el 3 de diciembre de 2025, detalla cómo la gestión hospitalaria ha permitido que el servicio de emergencia opere bajo condiciones que infringen normativas básicas de salud, dignidad humana y control de recursos públicos.

El recorrido de los auditores por el área de Emergencia evidenció una saturación crítica que ha normalizado la atención en zonas de tránsito. Hombres y mujeres, sin distinción de edad o patología, son ubicados en camillas a lo largo de los pasillos, expuestos al frío, al ruido y a la mirada de extraños, careciendo de la privacidad mínima y de las conexiones eléctricas o de oxígeno necesarias para un tratamiento seguro. Esta improvisación de espacios, lejos de ser una medida temporal, se presentó ante la comisión como una realidad operativa que limita el monitoreo médico y eleva el riesgo de infecciones cruzadas entre pacientes vulnerables.
La falta de control se extiende al recurso humano. Durante la inspección inopinada realizada en la madrugada del 2 de diciembre de 2025, se constató la inasistencia injustificada de personal clave. De los nueve médicos programados para la guardia nocturna, solo ocho se encontraban en sus puestos. El médico Rodolfo Oncoy Oriundo, responsable del Servicio de Cirugía General, no se presentó en ningún momento de la jornada laboral comprendida entre las 8:00 p.m. del 1 de diciembre y las 8:00 a.m. del día siguiente. La ausencia total del especialista dejó al descubierto un servicio vital durante doce horas, configurando una situación que el ente de control califica de mayor gravedad por el riesgo que implica para la atención de urgencias quirúrgicas.

Sin embargo, el hallazgo más revelador sobre la antigüedad del desorden administrativo se encuentra en la Farmacia de Emergencia. La revisión documental expuso que el control de sustancias sensibles es inexistente. El Libro de Psicotrópicos, documento obligatorio para el registro de medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, presenta su último registro el 5 de noviembre de 2005. Durante veinte años, el hospital ha operado sin actualizar la data oficial sobre el movimiento de estos fármacos. Del mismo modo, el Libro de Ocurrencias no reporta anotaciones desde el 7 de agosto de 2017, y el Libro de Estupefacientes dejó de actualizarse el 11 de noviembre de 2025, impidiendo conocer el destino real de estos insumos en las semanas previas a la auditoría.

Las condiciones de almacenamiento de los medicamentos también violan los protocolos de seguridad. Se encontraron cajas de Cloruro de Sodio apiladas directamente sobre el piso, expuestas al polvo y la humedad, sin el uso de parihuelas o tarimas exigidas por la norma técnica. A esto se suma la presencia de blísters de medicamentos cortados y fraccionados que no cuentan con número de lote ni fecha de vencimiento visible, lo que imposibilita verificar si los fármacos suministrados a los pacientes están caducados o son aptos para el consumo humano. Adicionalmente, el refrigerador destinado a la conservación de insumos que requieren cadena de frío carecía de un kardex de temperatura para el mes de diciembre, por lo que no existe evidencia de que dichos productos se hayan mantenido en los rangos térmicos adecuados para preservar su efectividad.
El personal técnico de farmacia de turno no pudo acreditar la existencia, física o digital, de los manuales de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Dispensación, alegando desconocer su ubicación. La acumulación de estas irregularidades apunta directamente a la Dirección del hospital, encabezada por Lidia Ysidora Figueroa Barreto, quien ha sido notificada mediante el Oficio N° 087-2025 para que, en un plazo de cinco días hábiles, presente un plan de acción correctiva. La gestión enfrenta ahora la responsabilidad de explicar cómo un hospital de referencia regional ha mantenido vacíos de información durante dos décadas y permite la atención de pacientes en condiciones precarias mientras su personal médico incumple turnos remunerados por el Estado.
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