CRISIS: Comisarías de Áncash se caen a pedazos hace 27 años

Un reciente operativo de control simultáneo ejecutado por la Contraloría General de la República ha dejado al descubierto que la seguridad en diversas provincias de la sierra de Áncash pende de un hilo debido a la desidia administrativa y la obsolescencia logística. Los auditores, que inspeccionaron las sedes policiales entre finales de octubre y principios de noviembre de 2025, documentaron una serie de irregularidades que van desde la inexistencia de estrategias de patrullaje para el próximo año hasta la utilización de equipamiento de protección fabricado en el siglo pasado, situaciones que comprometen directamente la integridad de los efectivos y la protección de la ciudadanía.

La situación más crítica respecto al equipamiento se detectó en la Comisaría de Mariscal Luzuriaga – Piscobamba. El informe de control reveló que el personal policial enfrenta a la delincuencia protegido por un stock de seis chalecos antibalas cuya fecha de fabricación data de junio de 1998; es decir, equipos con 27 años de antigüedad que contravienen las normas internacionales de seguridad y exponen la vida de los agentes. A esto se suma que la jefatura policial no formuló ni aprobó el plan de patrullaje por sector para el año 2025, lo que implica una gestión de seguridad basada en la improvisación, sin sectores definidos ni distribución técnica de recursos. La dependencia tampoco cuenta con el sistema GPS (SIPCOP) en sus vehículos, impidiendo el monitoreo en tiempo real, y carece del mapa georreferencial para proteger a las víctimas de violencia familiar, todo esto mientras operan en una infraestructura con filtraciones de agua y hongos en las paredes.

En la Comisaría de Pomabamba, la precariedad ha invadido incluso los espacios de descanso del mando policial. Los auditores hallaron condiciones insalubres con proliferación de hongos y humedad en el cuarto de descanso del comisario debido a filtraciones, lo que no solo afecta la salud del personal sino la operatividad del recinto. Al igual que en Piscobamba, esta dependencia no ha formulado el plan de patrullaje sectorial para 2025, alegando que está «pendiente de aprobación municipal», y ha dejado de ejecutar el patrullaje a pie, vital para la prevención delictiva. La flota vehicular circula sin conexión al sistema de geolocalización SIPCOP y, en una omisión grave para la protección de poblaciones vulnerables, no cuentan con el mapa gráfico de medidas de protección para víctimas de violencia, pese a ser una exigencia legal expresa. Además, sus ocho chalecos antibalas son tan antiguos (entre 10 y 12 años) que ya no se visualiza su fecha de fabricación.

La inspección en la Comisaría Sectorial de Aija arrojó un hallazgo que vulnera directamente el marco legal de protección contra la violencia de género. El personal policial no pudo acreditar haber remitido las denuncias de violencia contra la mujer al Juzgado de Familia y al Ministerio Público dentro del plazo legal de 24 horas, una omisión que dilata la activación de medidas de protección y deja a las víctimas en un estado de indefensión. En el ámbito operativo, la improvisación es la norma: no existe evidencia documental de la formulación del plan de patrullaje 2025 y las órdenes de patrullaje diario se imparten de manera verbal, sin registro en cuadernos o sistemas, lo que impide cualquier tipo de fiscalización sobre la labor preventiva. La infraestructura, al igual que en las otras sedes, presenta techos con humedad y moho, careciendo del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

En la Comisaría de Chavín, el deterioro es físico y palpable. Los auditores encontraron una infraestructura con desprendimiento de cerámicos en fachadas y baños, cables eléctricos expuestos que representan un peligro mortal, y mobiliario destruido, incluyendo sillas rotas y urinarios inoperativos. La precariedad llega al punto de que los efectivos carecen de varas de ley, un elemento básico para el servicio de patrullaje, y utilizan chalecos antibalas fabricados en 1998 y 2012, completamente vencidos. Administrativamente, tampoco formularon el plan de patrullaje para 2025 y operan sin el certificado de seguridad en edificaciones, convirtiendo la propia comisaría en un lugar de riesgo para usuarios y policías.

La Comisaría de San Marcos refleja una carencia de recursos que obliga al personal a utilizar sus propios medios. Se constató el uso de tres impresoras personales en áreas críticas como atención al público y la oficina del comisario debido a la falta de equipamiento estatal, lo que pone en riesgo la seguridad de la información oficial. La infraestructura presenta condiciones deplorables con cables expuestos en zonas de alto tránsito, oxidación en baños y desprendimiento de pisos. Al igual que sus pares, carecen de varas de ley, utilizan chalecos vencidos del año 2012 y no han cumplido con formular el plan de patrullaje para el próximo año, evidenciando una gestión desconectada de la planificación estratégica.

Finalmente, en la Comisaría de Mancos, la Contraloría detectó que no se ha difundido de manera pública el mapa del delito, una herramienta esencial para que la ciudadanía conozca las zonas de riesgo y tome precauciones, limitando así la prevención comunitaria. Además, sus vehículos patrulleros circulan sin estar vinculados al sistema SIPCOP, lo que impide saber su ubicación real y fiscalizar su uso. La infraestructura no es ajena al abandono generalizado, presentando deficiencias de seguridad y salubridad, sumado a la falta del certificado ITSE, operando al margen de la normativa de seguridad que la propia policía debería hacer cumplir.