Crece la preocupación entre los pobladores del caserío de Aticara, en el distrito de Corongo (Áncash), ante la posible presencia de actividad minera en zonas próximas a los reconocidos baños termales del lugar, una fuente natural de agua que sustenta tanto el turismo como la agricultura local.
Desde hace varios meses, los vecinos vienen alertando sobre la presencia de personas extrañas que se desplazaban con frecuencia hacia el sector de Atacalla, situación que despertó sospechas. En los últimos días, los comuneros identificaron nuevamente a tres visitantes que transitaban de forma reiterada entre Aticara y Atacalla, lo que motivó la intervención del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Corongo (FREDIP), presidido por Omar Roldán.
El FREDIP convocó a una reunión de emergencia el lunes 10 de noviembre, con participación de representantes de los caseríos de Colcabamba y Aticara, así como de usuarios del Comité de Riego Conoc. Tras un amplio debate, se acordó realizar una visita de verificación a la zona señalada, donde los asistentes coincidieron en que ninguna forma de minería —formal, informal o ilegal— debe permitirse cerca de los baños termales por el alto riesgo ambiental y sanitario que implica.
Durante la inspección realizada este miércoles, los pobladores reportaron evidencias recientes de posible actividad minera, por lo que exigieron la intervención inmediata de las autoridades regionales y nacionales. “La minería destruye la tierra, contamina el agua y daña la salud. Además, podría acabar con el turismo, que es una de nuestras principales fuentes de ingreso”, señalaron los representantes comunales.
Los pobladores recordaron que las aguas termales de Aticara son utilizadas tanto para consumo humano como para el riego agrícola, y advirtieron que cualquier alteración del ecosistema afectaría gravemente la economía y la calidad de vida de la zona.
Finalmente, el FREDIP Corongo reafirmó su compromiso de defender los recursos naturales y el patrimonio turístico local, exhortando a las instituciones competentes a actuar con urgencia para esclarecer los hechos y prevenir daños irreversibles al ecosistema y al bienestar de la población.
