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Ancash

Contraloría advierte que Monte Everest paralizaría por terrenos no saneados

La Contraloría revela que la Municipalidad de Independencia y el Gobierno Regional de Áncash iniciaron la ampliación vial en Shancayán sin contar con la disponibilidad física de los predios, pese a existir documentos que aseguraban lo contrario.

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La ejecución del proyecto de mejoramiento de la movilidad urbana en la avenida Túpac Amaru, pasaje Los Halcones y la avenida Confraternidad Internacional Este, conocido como el Monte Everest, se encuentra bajo cuestionamiento técnico y legal tras la publicación del Informe de Visita de Control N° 038-2025-OCI/0337-SVC. El documento emitido por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaraz revela que la obra, valorizada en un total de 14,809,705 soles, se puso en marcha sin que las entidades responsables hubieran garantizado el saneamiento físico legal de los terrenos involucrados, lo que contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y pone en peligro el presupuesto público ante posibles sobrecostos por paralizaciones.

La investigación detalla que el estudio de preinversión del proyecto, identificado con el Código Único de Inversión 2642602, fue declarado viable en abril de 2024 bajo la responsabilidad de la Subgerencia de Proyectos y Estudios de la Municipalidad Distrital de Independencia. Sin embargo, la realidad en el campo de trabajo difiere de lo estipulado en el expediente técnico aprobado mediante la Resolución Gerencial N° 019-2025-MDI/GI/G el 19 de febrero de 2025. Aunque el documento incluía una declaración jurada del titular (alcalde) de la entidad asegurando que no existían problemas de expropiación, la inspección física realizada entre el 3 y el 12 de diciembre de 2025 evidenció la presencia de viviendas precarias y estructuras privadas que obstruyen el trazo de la vía.

Uno de los puntos de mayor conflicto se localiza en el kilómetro 0+520 de la avenida Confraternidad Internacional Este, donde el ancho de la vía se reduce drásticamente debido a la ubicación de dos viviendas que impiden la continuidad del proyecto. Asimismo, en el pasaje Los Halcones, los auditores registraron una jardinera privada situada exactamente sobre la proyección de las veredas previstas en los planos. A estas irregularidades se suma el reclamo formal del representante del Real Hotel Huascarán, quien mediante documentación presentada ante la municipalidad exige la expropiación de sus terrenos situados entre los kilómetros 0+000 y 0+200, un trámite que la gestión municipal omitió realizar antes de adjudicar la obra al Consorcio Victoria lo cual representa un riesgo de paralizar por solo este error.

El acta de entrega de terreno se suscribió el 1 de agosto de 2025, fecha en la que funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash y representantes del consorcio conformado por Corporación Andina Yiret E.I.R.L. y Grupo Macri S.R.L. aseguraron que el espacio físico se encontraba totalmente libre. Esta afirmación documental queda desmentida por el informe de control, que subraya la falta de actas de compromiso firmadas por los propietarios de ocho puntos críticos identificados previamente. La omisión de estas gestiones no solo representa un incumplimiento de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sino que también vulnera los artículos 32 y 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales exigen la disponibilidad física del terreno como requisito indispensable para convocar y ejecutar una obra.

La consecuencia directa de esta gestión administrativa es el riesgo inminente de incumplimiento de los plazos contractuales de 270 días calendario y la posible paralización. Al no poder avanzar en los sectores invadidos por predios particulares, el contratista queda facultado para solicitar ampliaciones de plazo y el reconocimiento de mayores gastos generales, costos que deberán ser asumidos por el Estado debido a la deficiente planificación de la Municipalidad Distrital de Independencia y la falta de verificación por parte de la unidad ejecutora regional. El informe concluye que la entidad no realizó las gestiones necesarias para ejercer los derechos reales sobre el terreno, dejando el proyecto en una situación de incertidumbre legal que compromete el acceso de la población a un servicio de movilidad urbana adecuado.

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