Un descontrol sistemático en el manejo de fondos públicos destinados a viáticos ha sido puesto al descubierto en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Carlos Fermín Fitzcarrald (San Luis). El Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/4350-SVC, emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría, detalla una cadena de fallas que comprometen la transparencia y el uso correcto del dinero del Estado, en una investigación realizada entre el 20 y el 26 de agosto de 2025 sobre las rendiciones de los meses de julio y agosto de ese mismo año.
La auditoría encontró que las rendiciones de gastos por comisiones de servicio incumplen de manera flagrante la propia normativa interna de la entidad. Funcionarios y servidores presentaron declaraciones juradas por «movilidad local» sin el más mínimo detalle del itinerario, consignando únicamente el concepto genérico y montos elevados, como uno por S/ 93.00, lo cual imposibilita verificar la razonabilidad del gasto e infringe el numeral 5.5 de la directiva interna que exige especificar el desplazamiento «hacia y desde el lugar».
El desorden administrativo se complica con la documentación soporte. Se identificaron papeletas de permiso para comisión oficial con inconsistencias en las fechas, como una comisión programada del 2 al 4 de julio de 2025, pero con una fecha de retorno registrada como 4 de abril de 2025. Otras papeletas carecen de las firmas de autorización indispensables del jefe de Personal, restándoles validez. A esto se suma que múltiples funcionarios, en al menos doce casos documentados, no adjuntaron la «hoja de campo», un documento crucial que debe estar sellado y firmado por la entidad visitada para evidenciar que la comisión de servicios realmente se llevó a cabo.
El análisis de los comprobantes de pago revela prácticas aún más cuestionables. Se detectaron boletas de venta emitidas por restaurantes que no consignaban el número de RUC de la UGEL, un requisito obligatorio. Más alarmante aún son los consumos que por su cantidad no parecen corresponder a una sola persona. Un comprobante de pago por S/ 162.00 detalla el consumo de tres platos de «ceviche con chicharrón de pota» y dos de «ceviche con chicharrón de pescado», entre otros, en una misma transacción. Otro comprobante, una factura electrónica por S/ 238.00, justifica el gasto únicamente con la descripción «consumo local», sin detallar absolutamente nada de lo adquirido, contraviniendo las normas que exigen pormenorizar la cantidad y descripción del servicio.
Quizás el hallazgo más grave radica en quién revisa y aprueba estos gastos. La normativa interna establece que la Oficina de Contabilidad es la responsable de verificar las rendiciones. Sin embargo, la Contraloría descubrió que quienes validan estos documentos en el sistema son el tesorero, Omer Roger Blas Luna, y personal del área de abastecimiento. En el acta de visita de control del 25 de agosto de 2025, el propio tesorero admitió que «no existe servidor público encargado de efectuar el control previo», y que él mismo valida la información como responsable del sistema. Esta situación se explica al verificar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la entidad, donde la plaza de Contador figura como «vacante», dejando un vacío crítico en la cadena de control del gasto público.
Para colmo de la negligencia, la propia norma que regula los viáticos en la UGEL contiene información falsa. La Directiva 002-2024-ME/GRA/DREA/UGEL-CARLOS FERMÍN FITZCARRALD/AGA-D, aprobada el 8 de febrero de 2024, instruye a los comisionados a consignar en las facturas el RUC N° 20406940307. Una simple consulta pública demuestra que dicho RUC no pertenece a la UGEL Fitzcarrald, sino a la UGEL de la provincia de Aija, induciendo a un error sistemático que afecta la validez de toda la documentación contable.
Finalmente, el informe evidencia una cultura de incumplimiento en los plazos. La ley establece un máximo de diez días hábiles para rendir los viáticos después de finalizada la comisión. No obstante, se encontraron planillas pendientes de rendición con un retraso alarmante, incluyendo una correspondiente a una comisión de septiembre de 2024, que al momento de la auditoría llevaba 239 días vencida. Otras rendiciones de agosto de 2025 ya superaban el plazo legal, demostrando que esta práctica es recurrente y tolerada.
El informe, que detalla estas cuatro situaciones adversas, fue comunicado el 28 de agosto de 2025 a la directora de la UGEL, Mg. Dorca Francisca Rondan Palacios, a quien se le ha otorgado un plazo de cinco días hábiles para informar sobre las acciones correctivas que se implementarán para frenar el mal uso de los recursos públicos.
Los miembros del magisterio sanluisino consultados sobre este tema han mostrado su indignación y han manifestado que es el pan de cada día mientras que los colegios de la zona rural no tienen ni tizas. “Acá los responsables son los consejeros, no conocemos quien es nuestro consejero que dicen que viene solo para tomar licor en la fiesta de nuestra tierra. Es una corrupción total y todos se apañan porque los consejeros también están en la danza de los viáticos. No hay consejeros”, señaló un docente.
