En los fríos pasillos de la burocracia, un documento puede, sin quererlo, contar la historia completa de una tragedia. El INFORME N°062-2025-GRA-GDS-DIRESA/RSCSUR, fechado el 25 de setiembre de 2025, no es solo un papel con sellos y firmas; es el retrato de un sistema de salud que parece dar la espalda a su gente, justo cuando más lo necesita. Dirigido a la Lic. Herminia Aurelia Aguirre Castillo, directora ejecutiva de la Red de Salud Conchucos Sur, el informe desvela un plan para atender a una población envenenada lentamente por arsénico en Chavín, pero lo hace con una propuesta que raya en el insulto y la negligencia.
La historia se remonta al año 2021. Un informe técnico de la propia red de salud confirmó la peor de las sospechas de que el agua que consumían los pobladores del sector Capilla Ruri, en Chavín, contenía arsénico en niveles que superaban los límites máximos permitidos. El arsénico no es un enemigo cualquiera. Es un veneno silencioso que, al acumularse en el cuerpo, puede causar cáncer, lesiones en la piel, problemas de desarrollo en niños y enfermedades cardiovasculares. Desde 2021, cada vaso de agua ha sido un riesgo latente para cientos de familias.
La respuesta del Estado, sin embargo, ha llegado con una lentitud exasperante. Ahora, a través de este informe, la Coordinadora de Metales Pesados, Mg. Yesi Carbajal Avila, solicita la contratación de médicos “especialistas” —un pediatra, un ginecólogo, un internista y un dermatólogo— para una «Campaña de Atención Integral». El objetivo es noble para realizar un abordaje a la población en riesgo. La ejecución, sin embargo, es donde la propuesta se desmorona y revela la precaria valoración que la gestión actual parece tener por la salud rural.
La campaña está programada para durar apenas dos días, el martes 28 y miércoles 29 de octubre. Dos días para diagnosticar, tratar y evaluar los efectos de años de exposición a un metal pesado en una comunidad entera. Una solución fugaz, un parche sobre una herida profunda que necesita una cirugía mayor. Pero la verdadera alarma, la que enciende todas las luces rojas sobre la seriedad de esta iniciativa, se encuentra en los términos de referencia. El pago ofrecido a un médico especialista altamente calificado para esta misión es de S/ 1,000 (mil soles).
Esa es la cifra que la Red de Salud Conchucos Sur, bajo la dirección de la Lic. Aguirre Castillo, considera adecuada para un profesional que ha invertido más de una década de su vida en formarse, que debe viajar a una zona rural y enfrentarse a casos complejos de intoxicación por metales pesados. Un médico “especialista” en el Perú, por un contrato de esta naturaleza y exigencia, no debería percibir menos de S/ 8,000. Ofrecer mil soles no es un ahorro; es una declaración. Es decirle a los médicos que su pericia no es valorada y, peor aún, es decirle a la gente de Chavín que su salud vale muy poco.
Esta oferta irrisoria garantiza una de dos cosas, o ningún especialista cualificado aceptará el encargo, dejando la campaña en el papel, o se contratará a quien esté dispuesto a aceptar condiciones precarias, arriesgando la calidad de una atención que es, literalmente, de vida o muerte. ¿Cómo se puede hablar de «atención integral» cuando se escatima de forma tan flagrante en el recurso más importante el cual es el talento humano capaz de brindarla?
Mientras los informes van y vienen, sellados y archivados, en Chavín los niños siguen bebiendo agua. Los padres viven con la angustia de un enemigo invisible que amenaza el futuro de sus hijos. Ellos no necesitan una campaña de dos días para la foto, ni un informe narrativo como único entregable. Necesitan una solución definitiva al agua contaminada, un programa de monitoreo de salud permanente y, sobre todo, la certeza de que para el Estado su vida vale más que mil soles. Este documento, en su torpeza administrativa, no solo solicita un contrato; expone una profunda crisis de prioridades y deja una pregunta en el aire.
