La Comunidad Campesina de Ecash emitió un edicto comunal en el que expulsa a 15 comuneros, entre ellos dirigentes del sector Huacrán, acusándolos de delitos tan graves como terrorismo, exterminio, homicidio calificado y lesiones. La decisión, aprobada en asamblea extraordinaria el 23 de agosto de 2025, ha generado rechazo y denuncias de abuso de poder.
Los comuneros afectados recuerdan que fueron víctimas directas de la violencia ocurrida el 21 y 22 de diciembre de 2024, cuando se produjeron ataques en Huacrán que incluyeron secuestros, quema de viviendas, saqueo de cosechas y robo de animales. En esa ocasión, responsabilizaron a comuneros de Ecash por hechos que calificaron como delitos de lesa humanidad, los cuales ya habían sido denunciados ante la Fiscalía de Carhuaz.
A pesar de ello, la actual directiva de Ecash revirtió inicialmente un acta de expulsión emitida en octubre de 2024, pero meses después retomó el proceso, constituyéndose a sí misma en comisión investigadora y emitiendo nuevas sanciones contra los mismos comuneros. Según los afectados, las pruebas usadas en su contra se limitan a declaraciones internas y fotografías extraídas de redes sociales, lo que califican como un procedimiento irregular y carente de garantías mínimas.
La medida se sustenta en el artículo 149 de la Constitución, que reconoce la justicia comunal, pero los dirigentes de Huacrán sostienen que se ha desvirtuado el espíritu de la norma. “La Constitución exige respetar los derechos fundamentales, y aquí se ha vulnerado el derecho a la propiedad, a la defensa y a un debido proceso”, señalan en su pronunciamiento.
Los comuneros advierten que este 10 de septiembre la comunidad pretende repartir los predios de los expulsados, lo que consideran la culminación de un despojo planificado. Por ello, anuncian que solicitarán la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos y llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional y, de ser necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo que está en disputa, más allá de las tierras y los predios, es el límite entre la autonomía de la justicia comunal y el respeto irrestricto de los derechos humanos, un dilema que vuelve a encender el debate en los Andes peruanos.
