La continuidad de Serapio Peterson Rosales León al frente del Ilustre Colegio de Abogados de Áncash (ICAA) pende de un hilo. Lo que debía ser una Asamblea General Extraordinaria para la rendición de cuentas del primer trimestre de 2026, convocada para el sábado 18 de abril, se transformó en un tribunal de censura gremial que dejó en evidencia el profundo rechazo hacia la actual gestión.
La agenda oficial contenida en la convocatoria —que incluía el reporte del estado financiero, el informe de gestiones y la aprobación de nuevas actividades— quedó completamente interrumpida. Desde el inicio de la sesión, los ánimos se caldearon y el clamor fue unánime pues la exigencia inmediata de la vacancia del decano. El reciente escándalo protagonizado por Peterson, quien fue detenido tras atropellar a una mujer el último 16 de abril en la avenida Luzuriaga (sumado a sus graves antecedentes por conducir en estado de ebriedad en 2015 y 2022), destruyó cualquier asomo de autoridad moral para presidir la mesa.
Sin embargo, los cuestionamientos éticos y penales por su inconducta al volante no fueron el único detonante de la indignación. Durante la accidentada asamblea, varios agremiados tomaron la palabra para lanzar una grave denuncia que profundiza la crisis institucional y pone la lupa sobre los fondos de la orden por la adquisición aparentemente irregular de un millonario terreno en la zona de Monterrey.
Según las denuncias vertidas por los abogados asistentes, esta cuantiosa operación inmobiliaria presenta serias deficiencias legales. Se advirtió públicamente que el predio no cuenta con los papeles en regla y que su trámite de inscripción registral ha sido formalmente observado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Este hecho generó un repudio generalizado en el auditorio, especialmente porque el primer punto de la fallida agenda era, precisamente, el informe financiero del colegio. Las alarmas están encendidas respecto a cómo se están manejando los recursos de los agremiados y bajo qué condiciones se están cerrando contratos de esta magnitud sin el debido saneamiento físico legal.
El Ilustre Colegio de Abogados de Áncash atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes. Los miembros de la orden han dejado claro que no tolerarán que la institución que defiende el Estado de Derecho siga representada por una figura cercada por expedientes policiales, reincidencia en faltas graves de tránsito y, ahora, fuertes cuestionamientos por la opacidad en el manejo del patrimonio institucional.
Aunque la asamblea de ayer no pudo abordar los puntos de su convocatoria oficial, el mensaje político fue contundente y lapidario. Frente a la avalancha de quejas y la formalización inminente de los pedidos de vacancia, la permanencia de Serapio Peterson en el decanato es insostenible. La presión del gremio exige una intervención de los órganos de control internos y un inmediato paso al costado de su máximo representante.
