El Gobierno Regional de Áncash se encuentra en el centro de un gran escándalo administrativo tras detectarse graves irregularidades significativas en el proceso de contratación para la reconstrucción del Centro de Salud CISEA Huarupampa I-3, un proyecto valorado en más de S/ 32 millones y que hace poco el postor ganador abandonó luego de cobrar más de S/. 9 millones de soles (33% del presupuesto) cuando apenas avanzó un casi 3% de la obra total.
Manipularon para favorecer
La investigación realizada por la Contraloría General reveló, mediante el Informe de Control Específico 150-2024-2-5332-SCE, que el comité de selección, presidido por Fernando José Solis Maguiña junto a Moisés Toledo Torres y Jhohan Stéfany Villegas Morales, manipularon ilegalmente las propuestas económicas de dos postores en un procedimiento que debía realizarse bajo el sistema de suma alzada y que terminó favoreciéndolos.
Esta alteración de las propuestas económicas constituye una grave transgresión a los principios de transparencia y libre competencia que rigen las contrataciones públicas.
Corrigieron para favorecer
El caso se torna más delicado al descubrirse que el comité realizó correcciones aritméticas no permitidas en el sistema de suma alzada, lo que resultó en la modificación del monto ofertado por el Consorcio Ejecutor Huarupampa, elevándolo de S/ 28,556,338.33 a S/ 28,557,735.30 (lo cual nos da una diferencia de S/ 1,396.97 soles).
Colusión agravada
Esta manipulación de cifras se configuraría el delito de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal peruano, que sanciona a los funcionarios que defraudan al Estado concertando con interesados en procesos de contratación pública.
No fiscalizó a empresa supervisora
La situación se agrava aún más cuando se evidencia que la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales, encabezada por Ana Huanachín Huayascachi, omitió realizar la verificación posterior de la documentación presentada por los postores ganadores lo cual es su obligación.
Esta omisión permitió que se adjudicara la supervisión de esta obra a un postor que presentó información inexacta para acreditar su experiencia y la de sus profesionales especialistas, obteniendo un contrato por S/ 906,637.25.
Serán denunciados
Estas acciones irregulares terminaron con una solicitud por parte de la Contraloría General a Procuraduría para que denuncie penalmente a los funcionarios regionales por los delitos de colusión y negociación incompatible, además de infracciones administrativas graves que podrían resultar en la inhabilitación de los funcionarios involucrados para ejercer cargos públicos.
