Ancash

Candidato del Partido Verde ocultó sentencias y quedará fuera de carrera

El Jurado Electoral Especial de Huaraz inició un procedimiento sancionador tras detectar que Pedro Enrique Huamayalli Oliva no declaró tres condenas penales en su hoja de vida presentada para las Elecciones Generales 2026.

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El Jurado Electoral Especial de Huaraz detectó omisiones relevantes en la Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada por Pedro Enrique Huamayalli Oliva, candidato al Senado por Áncash de la organización política Partido Demócrata Verde, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La observación se originó tras un proceso de fiscalización regular realizado por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, que solicitó información al Registro Nacional de Condenas y al Poder Judicial para contrastar los datos declarados por los postulantes.

Según los informes oficiales remitidos al Jurado Electoral Especial, el candidato consignó en el Rubro V de su hoja de vida no tener sentencias condenatorias por delitos dolosos. Sin embargo, la información proporcionada por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial reveló la existencia de tres sentencias condenatorias vigentes a su nombre, todas relacionadas con delitos de naturaleza penal tipificados en el artículo 149 del Código Penal.

Los registros judiciales indican que Pedro Enrique Huamayalli Oliva fue condenado en el Expediente N.° 1936-2018, tramitado ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal del Santa, por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria. Asimismo, figura una condena en el Expediente N.° 1361-2019, emitida por el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia del Santa, y otra en el Expediente N.° 3640-2018, resuelta por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia del Santa, ambas por el delito de omisión de asistencia familiar. Ninguna de estas sentencias fue declarada por el candidato en el documento presentado ante la autoridad electoral.

La fiscalización confirmó, además, que el candidato suscribió el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida y el anexo de consentimiento, declarando bajo firma y huella digital la veracidad de la información consignada, así como la inexistencia de deudas de reparación civil, lo que refuerza la responsabilidad directa sobre los datos omitidos. Dicho formato cuenta también con la firma digital del personero legal del Partido Demócrata Verde, quien otorgó conformidad al contenido de la información presentada en la plataforma electoral.

Ante estos hechos, el Jurado Electoral Especial de Huaraz concluyó que existiría una omisión de información prevista en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, norma que exige la declaración obligatoria de sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. Asimismo, los informes advierten que las sentencias identificadas podrían configurar el impedimento establecido en el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú, que prohíbe postular a cargos de elección popular a personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos y al no haber declarado quedaría fuera de carrera.

En atención a ello, mediante resolución emitida el 23 de enero de 2026, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Huaraz dispuso el inicio de un procedimiento sancionador contra el candidato, así como el traslado del informe de fiscalización al personero legal titular del Partido Demócrata Verde, otorgándole un plazo de un día calendario para formular los descargos correspondientes. El órgano electoral precisó que la condición de candidato admitido no suspende ni limita la potestad fiscalizadora ni sancionadora, y que el control de la veracidad de la información declarada es permanente durante todo el proceso electoral.

Concluido el plazo de descargos, el Jurado Electoral Especial deberá pronunciarse sobre la existencia o no de infracción a la normativa electoral vigente y determinar las consecuencias que correspondan, conforme a los elementos de convicción incorporados en el expediente. Mientras tanto, el caso deja en evidencia las brechas entre la información declarada por los candidatos y los registros oficiales del sistema judicial, así como la responsabilidad que recae tanto en los postulantes como en las organizaciones políticas que respaldan sus candidaturas.

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