La gestión de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Huarmey ha quedado expuesta tras una exhaustiva revisión de la Contraloría General de la República, la cual ha detectado que se favoreció a un contratista con el pago de recursos públicos por labores que nunca se realizaron técnicamente y por estándares de seguridad que se ignoraron por completo. Los hechos se centran en la obra de construcción de la Avenida El Olivar, segunda etapa, un proyecto adjudicado a la empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C. bajo un contrato firmado en diciembre de 2023, donde la supervisión y los funcionarios ediles mostraron una cuestionable celeridad para aprobar valorizaciones sin contrastarlas con la realidad física del terreno.
El foco de la irregularidad recae directamente sobre la aprobación de la Valorización de Obra N.° 1. Según la documentación oficial, los servidores públicos Luis Felipe Padilla Julca, en su calidad de Gerente de Infraestructura, y Katherine Milady Gonzales Alva, como Subgerente de Obras Públicas, otorgaron la conformidad al pago de la partida denominada «Acondicionamiento de botadero». El expediente técnico era claro: el contratista debía trasladar más de seis mil metros cúbicos de material excedente a una zona designada en el Centro Poblado Congón, donde no bastaba con arrojar la tierra, sino que era obligatorio estabilizar el material, compactarlo formando terrazas, reforzar taludes con muros de piedra y revegetar la zona para mitigar el impacto ambiental.
Sin embargo, la inspección física realizada por la comisión de control reveló un panorama muy distinto al que los funcionarios firmaron en los papeles. En el lugar designado no existía ni el compactado, ni las terrazas, ni los muros de piedra, y mucho menos la revegetación prometida. Lo que se encontró fue simplemente el material acumulado sin ningún tratamiento técnico. A pesar de esta evidente omisión, los responsables de la entidad validaron el pago al 100% de dicha partida, permitiendo que el contratista cobrara S/ 21,144.16 por un trabajo de ingeniería que, en la práctica, se limitó a un simple traslado de desmonte sin el acondicionamiento exigido por las bases integradas.
La negligencia administrativa no se detuvo en el manejo de escombros, sino que comprometió la calidad misma de la vía. El informe detalla que los mismos funcionarios pasaron por alto la ejecución de los ensayos de control de calidad conocidos como CBR (Relación de Soporte de California), fundamentales para verificar la resistencia del suelo antes de pavimentar. La normativa y el expediente técnico exigían la realización de 15 de estos ensayos para garantizar la durabilidad de la obra: cinco en cantera y diez directamente en la subrasante de la vía. No obstante, la revisión del legajo técnico y del cuaderno de obra evidenció que el contratista únicamente presentó un (1) ensayo realizado al material de cantera.
De manera alarmante, no se realizó ninguno de los diez ensayos obligatorios «in situ» en la subrasante a lo largo de los tramos trabajados entre las progresivas 0+000 a 1+020. A pesar de que faltaron 14 pruebas críticas para asegurar que el suelo soportaría la estructura del pavimento, los funcionarios Padilla Julca y Gonzales Alva no observaron esta carencia y procedieron a dar conformidad a la valorización, lo que derivó en otro pago indebido de S/ 4,956.00 por ensayos que jamás se ejecutaron.
La cadena de responsabilidades alcanza también al Consorcio Supervisor Olivar, cuyo jefe de supervisión, Richar Alexis García Hervías, y el representante común, Jayro Efraín Arteaga Manrique, remitieron la valorización favorable a la entidad sin advertir las incongruencias. Incluso, el residente de obra del contratista, Alex David Cesias Rosado, solicitó los pagos sin adjuntar los croquis, gráficos o esquemas que debían sustentar los metrados, tal como lo exigía el contrato. Esta falta de sustento documental fue ignorada por la Subgerencia de Obras Públicas, que tenía el deber de fiscalizar que cada sol pagado correspondiera a un trabajo efectivamente realizado y acreditado.
El resultado de estas acciones es un perjuicio económico total cuantificado en S/ 26,100.16, monto que salió de las arcas municipales para pagar servicios fantasmas en detrimento de los intereses de la provincia de Huarmey. La Contraloría ha identificado presunta responsabilidad administrativa y civil en los funcionarios mencionados, quienes transgredieron la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento Nacional de Edificaciones, priorizando el trámite de pago a favor del contratista por encima del cumplimiento de las especificaciones técnicas que garantizan la correcta inversión pública.
