Una obra importante para mejorar la transitabilidad en la Avenida Antonio Raymondi de Huaraz se encuentra envuelta en graves irregularidades que incluyen trabajos ejecutados ilegalmente durante una suspensión oficial y serios defectos de calidad constructiva que habrían sido ignorados, según revela un demoledor informe de la Contraloría General.
Los hallazgos del Informe de Hito de Control N° 010-2025-OCI/0337-SCC, fechado el 16 de abril de 2025, levantan serios cuestionamientos sobre la efectividad de la supervisión contratada y el propio control municipal en este proyecto financiado con dinero de todos los huaracinos, adjudicado a la empresa Montalvo Constructora y Consultora E.I.R.L. por más de S/ 1.8 millones para el «Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la segunda cuadra de la avenida Antonio Raymondi».
El informe de la Contraloría detalla cómo, a pesar de que la obra estaba oficialmente suspendida desde el 16 de enero de 2025 –a la espera de que EPS CHAVIN S.A resolviera interferencias con redes de servicios–, la comisión de control encontró al contratista realizando activamente trabajos en el lugar durante inspecciones efectuadas entre el 7 y 11 de abril de 2025.
De manera alarmante, los auditores documentaron la ejecución de tareas críticas como la reparación de conexiones domiciliarias de desagüe, colocación de relleno, encofrados y, notablemente, el vaciado de concreto estructural (fc=280kg/cm2) para el pavimento rígido, todo mientras la obra debía estar paralizada.
Estos trabajos se realizaron, según constató la Contraloría, sin la presencia ni dirección técnica requerida por ley. Ni el ingeniero residente de obra por parte del contratista, Sr. Coronado Farroñan, ni el ingeniero supervisor del Consorcio Raymondi, Sr. Rodríguez Márquez Marco, se encontraban en la obra durante estas operaciones. Esta ausencia fue ratificada incluso por el propio monitor de obras de la Gerencia de Desarrollo Urbano municipal, Ing. Jhaziel Idelfonso Flores, en un informe interno (N° 0009-2025-MPHZ/GDUR/M01-JOIF).
La situación, que también evidenció la ausencia de especialistas clave en medio ambiente y seguridad de ambos equipos (contratista y supervisor), «genera una ejecución sin control y con afectación a la calidad de la obra», contraviniendo normativas nacionales de edificación y la Ley de Contrataciones del Estado (TUO Ley N° 30225, RLCE Art. 187) que exigen dirección técnica y supervisión permanente. La propia Municipalidad Provincial de Huaraz, como entidad contratante, es señalada por sus auditores por no haber cautelado que el contratista respetara la suspensión acordada.
Más allá del trabajo ilegal durante la paralización, el informe documenta meticulosamente una preocupante lista de deficiencias en los trabajos ya ejecutados y, en algunos casos, incluso pagados, lo que sugiere una grave negligencia en el control de calidad por parte tanto del contratista como de la supervisión. El pavimento de concreto recién vaciado, especificado con una resistencia de fc=280kg/cm2, ya presenta múltiples fisuras transversales en diferentes paños.
Más grave aún, un tramo significativo entre las progresivas 0+085 y 0+109 sufre un asentamiento crítico de 4 centímetros (40mm), una irregularidad que supera vastamente el límite máximo permitido de apenas 3mm según la Norma Técnica C.E.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, comprometiendo la uniformidad y durabilidad del pavimento.
La situación era tan evidente que los auditores observaron que el contratista ya había iniciado la demolición de esta sección fallida. Adicionalmente, las juntas de construcción, vitales para la integridad del pavimento, fueron ejecutadas incorrectamente; las juntas de contracción se cortaron con una profundidad insuficiente (solo 3mm de espesor observado) y las juntas longitudinales fueron rellenadas no con los materiales limpios especificados, sino con asfalto mezclado con arena sucia que contenía tierra, material que, según los auditores, ya se estaba desmoronando y saliendo de la junta.
Además, otras juntas cortadas carecían por completo del sellador bituminoso requerido, dejándolas expuestas a la infiltración de agua y al deterioro prematuro, desviándose de las especificaciones técnicas del proyecto que exigían dimensiones y materiales precisos (juntas de 1″, arena gruesa limpia, asfalto RC-250).
Quizás lo más alarmante es el hallazgo referente a la protección de las tuberías de desagüe recién instaladas. La crucial cama de apoyo y el recubrimiento de arena especificados para proteger las tuberías PVC (Partida 09.02.05 Relleno de Zanja con arena H=40cm) resultaron ser ínfimos.
Mientras las especificaciones técnicas y las normas nacionales (RNE O.S 070) exigían una capa protectora de 40 centímetros de arena sobre la tubería para vías vehiculares, los auditores midieron apenas 3 a 4 centímetros de cobertura de arena, menos del 10% de lo requerido.
A pesar de este defecto crítico que compromete la vida útil de la infraestructura subterránea, el informe de OCI subraya que este trabajo deficiente fue certificado y pagado al 100% por la entidad, por un monto de S/ 2,863.08, en la valorización N°2 correspondiente a octubre de 2024.
Este panorama se agrava al constatar que varias de las irregularidades detectadas en esta última auditoría ya habían sido advertidas en dos informes previos de la Contraloría (Hito N° 072-2024 y N° 084-2024), relacionados con el inicio de la obra y las primeras valorizaciones. Problemas como la ausencia de personal clave, deficiencias de calidad y señalización inadecuada fueron comunicados anteriormente.
Sin embargo, como se evidencia en el Apéndice 2 del informe actual, varias de estas situaciones adversas previas figuran como «NO CORREGIDO», sugiriendo una falla persistente por parte de la Municipalidad y su supervisión contratada para exigir el cumplimiento contractual y corregir las observaciones oportunamente. Esto podría significarle una denuncia penal tanto al alcalde David Rosales como al Gerente de Obras Billy Chamana ya que existen rumores y serias acusaciones de corrupción.
