El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) ha emitido un informe de orientación de oficio identificando una situación delicada en la gestión presupuestal de la institución. Según el documento, el Consejo Universitario de la UNASAM aprobó la Resolución N° 234-2024-UNASAM el 6 de marzo de 2024, declarando la intangibilidad de los fondos de las facultades y de la Escuela de Postgrado, tanto de recursos ordinarios como directamente recaudados, para el ejercicio presupuestal 2024.
Los culpables
El OCI señala que esta decisión se tomó sin contar con un informe técnico (presupuestal) ni un informe legal de los órganos de asesoramiento de la entidad. Además, se aprobó a pesar de existir una propuesta para suspender el pedido hasta conocer la opinión técnica de la Oficina General de Planificación y Presupuesto. Los principales funcionarios involucrados en la aprobación de esta resolución cuestionada son Carlos Antonio Reyes Pareja (Rector), Marco Antonio Silva Lindo (Vicerrector Académico) y Consuelo Teresa Valencia Vera (Vicerrectora de Investigación).
Serían denunciados
El informe del OCI advierte que esta situación podría configurar diversos delitos contra la administración pública, entre ellos abuso de autoridad, malversación de fondos, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. Estos posibles delitos se derivan de aprobar la intangibilidad de fondos sin el debido sustento, declarar intangibles fondos que podrían requerirse para otros fines, no solicitar los informes técnicos y legales correspondientes, y la posibilidad de que la decisión beneficie indebidamente a alguna facultad o funcionario en particular.
¿Qué implica?
Las autoridades universitarias decidieron que ciertos fondos de las facultades y la Escuela de Postgrado no pueden ser utilizados para otros fines, sin antes consultar a los expertos en presupuesto y leyes de la universidad. Esta decisión podría limitar la flexibilidad financiera de la institución, dificultando la respuesta a necesidades imprevistas o la reasignación de recursos según las prioridades cambiantes. Además, al no seguir los procedimientos adecuados, se está transgrediendo las normas presupuestales, lo que podría resultar en problemas legales y operativos para la universidad mediante acciones refuerzan las autoridades.
