En un acto que parece un delirio jurídico y la desobediencia a las leyes, la Municipalidad Distrital de San Marcos, bajo la cuestionada gestión del alcalde Manuel Ugarte, ha generado una crisis de proporción constitucional al aprobar el esperpéntico Acuerdo de Concejo N° 054-2025-MDSM. Este documento, que pasará a las historias de la infamia legal, no solo pretende desconocer una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sino que además evidencia una peligrosa ignorancia –o un desprecio colosal– por la jerarquía normativa y los principios más elementales del Estado de Derecho.
No respetan a nadie
La polémica inicia con la decisión del JNE emitida mediante Auto N° 1 del Expediente 94-2025 que anula un procedimiento de vacancia mal llevada contra la regidora Dagmar Borda Herrera, precisamente porque la municipalidad, en un acto de presunta mala fe omitió remitir un escrito de defensa de la regidora. Lejos de acatar y corregir, el alcalde Ugarte y su concejo, asesorados por abogados que dejan mucho que desear y se creen más «constitucionalistas» que el propio Tribunal Constitucional, decidieron desobedecer y contraatacar.
Violan la Ley
Mediante un infame Acuerdo Municipal, impulsado por el alcalde Manuel Ugarte, autoriza al alcalde a formular la nulidad del auto (Resolución) del JNE ante el propio JNE y a solicitar ¡medidas cautelares para suspender su ejecución. Esto, señores lectores, es un disparate mayúsculo. Los artículos 142° y 181° de la Constitución Política del Perú son categóricos ya que señala que las resoluciones del JNE en materia electoral son FINALES, DEFINITIVAS e IRREVISABLES. Ni el Poder Judicial puede revisar sus decisiones ni mucho menos un concejo municipal que parece operar en una realidad paralela o en la ilegalidad. La pregunta es que si así estamos en interpretación constitucional ¿Cómo llevarán adelante sus licitaciones?
¿La ignorancia del canon minero?
Pero la osadía no termina ahí. El incapaz alcalde (quien no ejecuta todo su presupuesto), Manuel Ugarte, firma el Acuerdo municipal, en un alarde de soberbia, calificando la decisión del JNE como «arbitraria«, que «vulnera el debido proceso» (siendo el colmo, cuando fue la municipalidad quien lo vulneró) y que «ocasiona perjuicio a la imagen» de la institución edil ¿Desde cuándo una municipalidad se cree fiscalizador del máximo ente electoral?
Errores legales imperdonables
Para rematar la faena, el Artículo Tercero del acuerdo ordena a la Procuraduría Municipal «evaluar los perjuicios ocasionados (…) por la ERRADA DECISIÓN del jurado nacional de elecciones«. Es decir, pretenden que su propio procurador demande al JNE. Un claro ejemplo de confusión de competencias, mala interpretación de la norma y un intento burdo de amedrentamiento contra quienes los corrigen o fiscalizan al alcalde.
Un absurdo legal
Y como si fuera poco, el Artículo Cuarto decide «dejar sin efecto legal» otra convocatoria a sesión extraordinaria (del 13 de mayo de 2025) ordenada por el JNE en un caso distinto (Resolución N° 0058-2025-JNE, sobre nepotismo). Esto es desacato puro y duro, tipificado en el Artículo 368° del Código Penal, pero que parece que el Ministerio Público – Fiscalía de Áncash tiene miedo a iniciar investigación por una mera noticia criminis o mediante documento remitido por el JNE a las autoridades fiscales.
La paciencia del JNE se agota
Fuentes altamente confiables cercanas al Jurado Nacional de Elecciones han revelado a este medio que el pleno del organismo electoral está incómodo. La Secretaria General del JNE, Yéssica Clavijo Chipoco, harta de la prepotencia y el abierto desafío de la Municipalidad de San Marcos, habría tomado cartas en el asunto.
Se nos informa que, tras conocer el contenido del ilegal Acuerdo de Concejo N° 054-2025-MDSM, la Secretaría General del JNE habría dispuesto el envío urgente del expediente N° 2245-2025 (que acumularía estos nuevos hechos y los antecedentes de la vacancia de la regidora Dagmar Borda) al despacho del Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ancash.
¿Fiscalía tiene miedo a investigar?
El objetivo sería claro. Que el Ministerio Público, en el marco de sus competencias, ordene el inicio de una investigación preliminar exhaustiva contra el alcalde Manuel Ugarte y los que resulten responsables (incluyendo a los regidores que votaron a favor del ilegal acuerdo y a sus brillantes asesores legales) por la presunta comisión de graves delitos como Abuso de Autoridad (Art. 376° del Código Penal), Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales (Art. 377° del Código Penal) y el ya mencionado Desobediencia o Resistencia a la Autoridad (Art. 368° del Código Penal).
Opinión de los vecinos
Nuestro medio realizó consultó a algunos vecinos sobre la conducta del cuestionado alcalde Manuel Ugarte y uno de sus asesores “iluminados” (Gustavo Castromonte) que hoy funge de secretario y uno de ellos señaló, “Para nosotros no es nuevo, el señor alcalde y su mujer hacen y deshacen puras burradas. Si tu no piensas como ellos te amenazan o te sacan hasta del (Plan) Piloto. Son muy vengativos y lo que ha pasado con la regidora es triste porque nadie quiere hacerla respetar, ni la Fiscalía ni nadie. Ya perdió un dedo, quizá esperan que la maten. No me extraña que el señor Ugarte se orine en las leyes o la Constitución”.
