El ambiente electoral en Áncash se ha tensado notablemente, transformando la contienda por el Gobierno Regional en un campo de batalla de desprestigio. Los equipos de los precandidatos Juan Carlos Morillo y Betto Barrionuevo, en lugar de presentar visiones y soluciones para la región, han optado por una agresiva campaña de descalificaciones mutuas.
Se observa una creciente difusión de material que vincula a Barrionuevo con el presuntamente financiamiento presuntamente irregular proveniente de la minería informal y sus conexiones políticas, señalando una vasta inversión en eventos y logística cuya procedencia no está clara. Paralelamente, el otro sector de la campaña replica con una narrativa que subraya los antecedentes penales y enmarrocado a Morillo, así como las controversias de gestión del contrincante, incluyendo su tiempo en prisión y la integración de figuras con historias políticas complicadas en su equipo, sugiriendo una alianza de intereses para el retorno al poder.
Esta dinámica de ataques directos y personalizados, que circula intensamente en plataformas digitales y medios locales, expone una estrategia donde la victoria se busca a través de la anulación del adversario. La información, a menudo presentada sin matices y con un objetivo claro de demolición reputacional, genera un clima de desconfianza. La aparente desesperación por el control del poder político se ha traducido en una contienda donde las acusaciones de opacidad financiera y vínculos cuestionables se enfrentan a las imputaciones de antecedentes dudosos y alianzas estratégicas con figuras controvertidas.
La imagen que proyectan ambos precandidatos es de una feroz pugna por el sillón regional, donde la ética de la campaña parece subordinada al afán de deslegitimar al oponente. Esta situación, lejos de fortalecer el proceso democrático, arriesga la credibilidad de quienes aspiran a liderar la región, dejando a la ciudadanía en medio de una confrontación que prioriza el ataque personal sobre el bienestar colectivo.
