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Áncash: Funcionarios del Poder Judicial hicieron ganar ilícitamente a otra postulante CAS
El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 069-2026-CG/GRAN-AOP expone que la Oficina de Recursos Humanos y la Comisión CAS Ad Hoc otorgaron la plaza a Carla Melina Montoro Huerta, quien no acreditó el grado académico, la experiencia en el sector público ni los estudios de especialización requeridos.
La Gerencia Regional de Control de Áncash emitió el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 069-2026-CG/GRAN-AOP, mediante el cual documenta la adjudicación de la plaza de Coordinador I a una postulante que incumplía el perfil profesional establecido en el Proceso CAS N° 009-2021-UE-ANCASH. El documento señala que la contratación generó la afectación de los principios de legalidad, mérito, transparencia e igualdad de oportunidades que rigen el acceso al empleo público.
El proceso de selección estuvo a cargo de la Oficina de Recursos Humanos y de una Comisión CAS Ad Hoc. La comisión titular responsable de la evaluación estuvo presidida por Henry David Gongora Ortiz, gerente de Administración Distrital; e integrada por Janett Hariklia Pineda Huayaney, jefa de la Unidad de Servicios Judiciales; y Erick Hugo Inchicaqui Medina, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas. Estas instancias de la entidad calificaron como «apta» a Carla Melina Montoro Huerta, le otorgaron 25 puntos en la fase de evaluación curricular, 53 puntos en la entrevista personal y la declararon ganadora de la plaza.
El informe detalla las discrepancias documentales evaluadas y validadas por los funcionarios. Respecto a la formación académica, las bases requirieron el título profesional universitario en Administración, Ingeniería de Sistemas, Ingenieros Administrativos, Ingeniería Industrial, Derecho u otras carreras afines estipuladas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La postulante registró y presentó el título de Economista emitido por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. La revisión técnica precisa que la carrera de Economía no figura como afín a ninguna de las profesiones solicitadas en el clasificador del INEI.
En el rubro de experiencia laboral, el perfil exigió un mínimo de cuatro años, de los cuales dos años debían ejercerse obligatoriamente en instituciones públicas. Montoro Huerta declaró un acumulado de 764 días de experiencia en el sector público, correspondientes a servicios prestados en EsSalud. La validación de los certificados, contratos y órdenes de compra demostró que la experiencia real documentada solo sumaba 591 días, equivalentes a 1.62 años, cifra inferior a los dos años exigidos por la normativa de la entidad.
La verificación de los estudios de especialización exhibe omisiones idénticas por parte del comité evaluador. Las bases exigieron la presentación de cursos de atención al cliente. El expediente de postulación evidencia que Montoro Huerta no registró ningún curso relacionado a dicha materia, ni adjuntó los certificados correspondientes para acreditar el cumplimiento de esta condición.
A pesar de la ausencia de acreditación de los requisitos mínimos, la entidad suscribió el Contrato Administrativo de Servicios N° 470-2021-P-CSJAN-PJ el 2 de noviembre de 2021. El acuerdo estableció una remuneración mensual de 5822 soles. Posteriormente, la gestión de la Corte Superior de Justicia de Áncash validó la continuidad laboral a través de 18 adendas consecutivas, extendiendo la permanencia de la trabajadora hasta el 31 de diciembre de 2025.
Los hechos reportados han sido notificados formalmente a Nilton Moreno Merino, presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash, mediante el Oficio N° 000179-2026-CG/GRAN, quien sabría de esta grave irregularidad que inició no en su gestión sino allá por el 2021 pero que él pese a saber las graves denuncias permitió dejar en el cargo a alguien que no merecería ocupar este espacio y no ha iniciado las acciones sancionadoras contra los responsables.