Lo que empezó como una diligencia fiscal dentro del establecimiento penitenciario Víctor Pérez Liendo de Huaraz ahora es materia de una investigación preliminar de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Uso de un ariete táctico, reducción de un trabajador del INPE y cuestionamientos por la incautación de un celular forman parte de los hechos que deberán ser esclarecidos.
La intervención, desarrollada entre el 15 y 16 de agosto de 2026, se realizó en el marco de una investigación fiscal que involucraba presuntos delitos de gravedad. Sin embargo, la forma en que se habría ejecutado el operativo generó cuestionamientos que han terminado en el órgano disciplinario del Ministerio Público.
La Autoridad Nacional de Control resolvió abrir una investigación preliminar contra la fiscal provincial Ada del Rocío Príncipe Asencios, con el objetivo de determinar si durante la diligencia se produjeron actuaciones que podrían constituir una infracción disciplinaria.
Uno de los principales aspectos que deberá esclarecerse está relacionado con el ingreso y la ejecución de la diligencia dentro del penal.
De acuerdo con los hechos consignados en la resolución de control, durante el operativo se habría utilizado un ariete táctico, conocido como “torito”, para forzar puertas y accesos de determinados ambientes administrativos.
La investigación deberá establecer si estas acciones se encontraban comprendidas dentro de los alcances de la autorización judicial que permitió el allanamiento.
Este punto resulta particularmente relevante porque el mandato judicial constituye el marco dentro del cual debe desarrollarse una diligencia de esta naturaleza.
Otro de los episodios que aparece en la investigación involucra al servidor penitenciario Jhon Dedón Monteza.
Según los hechos recogidos por el órgano de control, el trabajador habría sido reducido y colocado con grilletes después de registrar mediante un teléfono institucional parte de lo que ocurría durante el operativo.
La Autoridad Nacional de Control deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo esta intervención, así como establecer si la actuación estuvo debidamente justificada y guardó relación con el mandato judicial.
La resolución también recoge cuestionamientos respecto al aislamiento de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario durante la diligencia.
Según lo señalado en la investigación preliminar, algunos servidores habrían permanecido en la denominada sala de abogados mientras se desarrollaba el operativo.
Este hecho también deberá ser contrastado con el contenido de la autorización judicial y con las circunstancias concretas en las que se produjo la intervención.
Otro de los puntos que será materia de investigación está relacionado con las actas de la diligencia y de los bienes que fueron incautados.
De acuerdo con los hechos consignados por la Autoridad Nacional de Control, personal del penal habría solicitado copias de las actas correspondientes, generándose cuestionamientos sobre la entrega de dicha documentación.
La investigación deberá establecer qué bienes fueron incautados, dónde fueron encontrados, quiénes participaron en su incautación y cuál fue el procedimiento seguido respecto de estos elementos.
Es importante precisar que la decisión de la Autoridad Nacional de Control no establece responsabilidad disciplinaria ni determina que los hechos denunciados hayan sido comprobados.
Lo que se ha dispuesto es el inicio de una investigación preliminar por un periodo de 30 días, durante el cual deberán recogerse elementos que permitan determinar si corresponde o no iniciar un procedimiento administrativo disciplinario.
Entre las diligencias previstas se encuentra la recepción del descargo de la fiscal investigada, la revisión de documentación de la carpeta fiscal y de las resoluciones judiciales que autorizaron el allanamiento, además de otros elementos relacionados con la diligencia.
En paralelo, los cuestionamientos referidos a la actuación del personal policial deberán ser evaluados por la instancia correspondiente de la Policía Nacional, debido a que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público no tiene competencia disciplinaria sobre dichos efectivos.
Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre responsabilidad disciplinaria. Será la propia Autoridad Nacional de Control la que, luego de recoger y evaluar los elementos correspondientes, determine si los hechos denunciados justifican el inicio de un procedimiento disciplinario.
El allanamiento al penal de Huaraz, por tanto, ya no solo es materia de atención por sus resultados operativos. La propia actuación durante la diligencia ha quedado bajo investigación.
