El despacho editorial de Huaraz Noticias ha recibido el pasado 1 de abril una carta notarial remitida por el cuestionado alcalde del distrito de San Marcos, Manuel Ugarte Jaramillo, donde exige la inmediata rectificación de múltiples publicaciones periodísticas realizadas por nuestro medio sobre casos de corrupción e irregularidades donde lo involucran. La misiva, redactada en tono amenazante, no solo pretende que nos retractemos de nuestras investigaciones, cuya fuente principal es la Contraloría General, sino que además solicita información confidencial sobre los miembros de nuestra redacción, en lo que consideramos un claro intento de amenaza en tiempos donde la extorsión y el sicariato cobra vidas.
La carta llega en medio de diversas investigaciones fiscales que en4frenta el burgomaestre por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y presunta corrupción, hechos que han sido documentados por nuestra redacción como parte de su labor informativa al servicio de la ciudadanía.
Le incomodó al alcalde
Las publicaciones señaladas por el alcalde Ugarte corresponden a diversas investigaciones periodísticas realizadas por Huaraz Noticias desde diciembre de 2024, que documentan irregularidades en la gestión municipal.
Algunas de ellas son la ejecución de mantenimiento vial con presuntas planillas fantasma y costos sobrevalorados (publicada el 12 de marzo de 2025), un reportaje sobre la actitud nerviosa de un fiscal durante declaraciones sobre la investigación al alcalde (publicada el 12 de marzo de 2025), el posible archivo de una megadenuncia por enriquecimiento ilícito contra el alcalde (publicada el 10 de marzo de 2025), investigación sobre presunto favorecimiento a empresas con documentos falsos (publicada el 4 de diciembre de 2024), entre otros.
Cada una de estas publicaciones cuenta con fuentes verificadas y documentación que sustenta lo informado, cumpliendo con los estándares periodísticos que caracterizan a nuestro medio de comunicación.
Nos prohíbe hablar de él
El documento notarial remitido por el cuestionado Manuel Ugarte evidencia un preocupante desconocimiento o menosprecio deliberado por los principios constitucionales que protegen la labor periodística. Al exigir el cese de publicaciones futuras, prohibiéndonos hablar de él, el alcalde pretende imponer una censura previa, figura expresamente prohibida por la Constitución Política del Perú y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Animus Difamandi vs. Animus Informandi
El alcalde alude en su carta al «animus difamandi» (intención de difamar) como elemento presente en nuestras publicaciones. Sin embargo, este concepto legal requiere demostrar que existió la intención dolosa de dañar el honor de una persona mediante la atribución de hechos falsos a sabiendas de su falsedad. La jurisprudencia peruana ha establecido claramente que cuando se trata de funcionarios públicos, el umbral de protección de su honor se reduce considerablemente frente al interés público de conocer sus acciones y el ejercicio de su función. Nuestra web solo informa sobre las irregularidades de su gestión mas no de su vida privada.
¿Marcaje a la prensa?
Quizás el aspecto más alarmante de la carta notarial es la exigencia del alcalde de que se le proporcione «la relación de los miembros de redacción» responsables de la supervisión de las ediciones antes de su publicación. Esta solicitud constituye una grave amenaza a uno de los pilares fundamentales del periodismo que la protección de fuentes y la confidencialidad de los procesos editoriales.
En un contexto de creciente violencia en nuestro país, donde el sicariato está cobrando vidas, esta solicitud no puede interpretarse sino como un intento de identificar a profesionales de la información para potenciales represalias o -no quisiéramos creer- atentados ¿Acaso pretende el alcalde utilizar esta información para intimidar a nuestros periodistas? ¿El alcalde se cree un incontable o su majestad?
Informar no es difamar
Las investigaciones periodísticas sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública no constituyen difamación, sino el ejercicio legítimo del derecho a informar sobre hechos de relevante interés público. La jurisprudencia tanto nacional como internacional ha establecido consistentemente que las figuras públicas, especialmente autoridades electas, están sometidas a un mayor escrutinio por parte de la prensa y la ciudadanía.
El uso del calificativo «presunto» en nuestras publicaciones, lejos de ser un «disfraz» como alega el alcalde, constituye precisamente el ejercicio responsable del periodismo que reconoce la presunción de inocencia mientras informa sobre hechos de interés público.
Nuestra posición editorial
Huaraz Noticias rechaza categóricamente las acusaciones infundadas contenidas en la carta notarial y reafirma su compromiso con el periodismo de investigación. No nos doblegaremos ante intentos de censura ni intimidación, vengan de donde vengan. La transparencia en la gestión pública no es negociable, y el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre el destino de sus recursos es un pilar fundamental de la democracia. Nuestro medio seguirá informando con responsabilidad, rigor y apego a la verdad sobre todos los asuntos de interés público, incluyendo las investigaciones fiscales que involucran al alcalde de San Marcos y a cualquier otra autoridad.
La verdadera amenaza a la democracia no proviene de quienes investigan la corrupción, sino de quienes pretenden silenciarlos.
