La reciente visita de Zulema Barrenechea, esposa del alcalde de Nuevo Chimbote, Walter Soto, a la ciudad de Casma, ha generado atención no solo por sus actividades de campaña, sino por la delgada línea que debe guardar su cónyuge respecto al deber de neutralidad en el actual periodo electoral.
Barrenechea, quien aspira a un escaño en el Congreso por el partido Alianza para el Progreso, celebró una reunión partidaria con cientos de seguidores, la cual difundió en redes sociales con el mensaje «¡Gracias Casma! Contenta y emocionada por este recibimiento».
Si bien la candidata está en pleno derecho de realizar actos proselitistas, la situación pone bajo escrutinio la actuación del alcalde Soto. La ley electoral es estricta respecto a la participación de funcionarios públicos en la campaña.
El «Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral», aprobado por Resolución Nº 0112-2025-JNE , establece claramente las limitaciones de las autoridades públicas.
El Título IV del reglamento, dedicado a la Neutralidad , define las infracciones en las que pueden incurrir las autoridades. Específicamente, el artículo 32.1.2 prohíbe a las autoridades públicas «practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato». Asimismo, el artículo 32.1.5 les impide «hacer propaganda a favor… de alguna organización política o candidato».
La controversia, por tanto, no radica en la actividad de la candidata Barrenechea, sino en la potencial vulneración de la neutralidad por parte del alcalde Walter Soto. Las preguntas clave que las autoridades electorales deben absolver son si ¿Estuvo presente el alcalde Walter Soto en la «reunión partidaria» de Casma? ¿Se utilizaron recursos públicos de la Municipalidad de Nuevo Chimbote (vehículos, personal, fondos) para la organización o traslado al evento proselitista? ¿Ha usado el alcalde su cargo o imagen pública para favorecer la candidatura de su esposa?
El reglamento es claro, el alcalde de Nuevo Chimbote, en su condición de autoridad pública, tiene la obligación estricta de mantenerse imparcial, lo cual ha violado flagrantemente.
El Jurado Electoral Especial (JEE), en este caso el del Santa por la jurisdicción, es el organismo competente para fiscalizar estos hechos. Si el JEE determina, tras una investigación, que el alcalde Soto incurrió en alguna de las infracciones de neutralidad señaladas , se activa el procedimiento descrito en el Artículo 34 del reglamento.
Este artículo estipula que, de confirmarse la infracción por parte de una autoridad que no es candidata, el JEE debe disponer «la remisión de los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la entidad estatal en la que presta servicios el funcionario… para que actúen conforme a sus atribuciones».
