El alcalde de Chimbote, Luis Gamarra Alor, tomó la decisión de desvincularse del partido Juntos por el Perú, organización que lo llevó al sillón municipal en octubre de 2022, para adherirse a las filas de Fuerza Popular. La decisión se concretó durante una reunión privada celebrada el domingo último, según fuentes cercanas a Fuerza Popular Ancash.
El cambio de bando se desarrolló mediante una serie de encuentros con representantes del fujimorismo, incluyendo reuniones con la congresista Nilza Chacón, quien ha sido vista en múltiples ocasiones en el palacio municipal de Chimbote. La parlamentaria, según fuentes internas, aspiraría a una candidatura al Senado en las próximas elecciones generales.
El lunes posterior a la reunión dominical, Gamarra Alor convocó a sus colaboradores más cercanos y posteriormente a las denominadas «bases» en su local partidario para comunicar su decisión. Estas bases están conformadas principalmente por dirigentes y moradores de asentamientos humanos que mantienen procesos de saneamiento físico-legal pendientes con la municipalidad.
Previo a este cambio político, los coordinadores de diversos asentamientos humanos realizaban actividades de afiliación para Juntos por el Perú, solicitando documentación como DNI, fotografías y verificación de no militancia en otras organizaciones políticas. Esta actividad quedó suspendida tras el anuncio del cambio de afiliación del alcalde.
Las actividades municipales recientes evidencian un incremento en la presencia del alcalde en actos públicos, incluyendo inauguraciones de obras, ceremonias de izamiento del pabellón nacional y audiencias de rendición de cuentas. Para estos eventos, se registra la movilización de trabajadores municipales contratados y residentes de asentamientos humanos que mantienen procesos administrativos pendientes con la municipalidad.
Fuentes al interior del municipio indican que Gamarra Alor postularía a la gobernación regional de Áncash y otros cargos de elección popular en los próximos comicios como la de diputado. La utilización de recursos municipales para la promoción de su imagen política ha generado cuestionamientos sobre el uso de bienes públicos con fines proselitistas.