Durán argumenta que la resolución carece de fundamentos legales sólidos y predice que será revocada con facilidad. Según el abogado, la fiscalía anticorrupción que denunció el caso no presentó el quinto presupuesto, lo cual había llevado inicialmente a declarar improcedente la orden de detención.
Sin embargo, en una nueva resolución dividida en tres partes, la fiscalía ha cambiado su postura, justificando la prisión preventiva para la mayoría de los acusados y el arresto domiciliario para otros.
Durán subraya que todos los implicados tuvieron la misma participación en los hechos, pero solo su cliente enfrenta una orden de detención, lo cual considera injusto y carente de base legal. Además, denuncia que Solano fue objeto de un reglaje sin la existencia de una orden de captura, calificando este acto como ilícito.
