La fiscal de Derechos Humanos de Áncash, Ada Príncipe, expresó su sorpresa y preocupación por la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de trasladar de manera sorpresiva a internos considerados de alta peligrosidad, sin que hasta el momento se conozcan públicamente las razones que motivaron esta medida.
La magistrada reconoció que el INPE es un organismo autónomo y tiene competencia para disponer el traslado de internos cuando existan razones que lo justifiquen. Sin embargo, remarcó que estas decisiones deben realizarse respetando los procedimientos establecidos por ley y con una debida justificación.
Príncipe señaló que existen internos que anteriormente habrían presentado denuncias contra integrantes del INPE, mientras que familiares de algunos reclusos se han apersonado ante la Fiscalía para denunciar presuntas agresiones y actos de tortura. Ante esta situación, sostuvo que corresponde conocer oficialmente las razones que motivaron los recientes traslados.
La fiscal informó que se ha solicitado al INPE un informe oficial para conocer por qué se dispuso el traslado de los internos y bajo qué circunstancias se tomó dicha decisión. Precisó que, si un interno comete una falta que amerite su traslado, existe un procedimiento que debe ser cumplido por las autoridades penitenciarias.
Otro de los aspectos que genera preocupación es que algunos de los internos trasladados mantienen procesos judiciales que se vienen desarrollando en Huaraz. La medida podría generar dificultades para la continuidad de las audiencias y afectar el normal desarrollo de los procesos que se encuentran en curso.
La fiscal de Derechos Humanos señaló que esperará la respuesta oficial del INPE antes de emitir un pronunciamiento definitivo. No obstante, dejó en claro que la autonomía del organismo penitenciario no significa que pueda actuar al margen de la ley, por lo que cualquier traslado debe estar sustentado y respetar los procedimientos correspondientes.
