La Primera fiscalía provincial Penal Corporativa de Huaraz dispuso el inicio formal de una investigación preliminar por un plazo de 60 días contra el Gobernador Regional, el Gerente General Regional, Marco Antonio La Rosa Sánchez, y el denunciado director regional de Comercio Exterior y Turismo, Pedro Junior Vargas Lozada.
El caso (Carpeta Fiscal N° 1306014501-2026-638-0), a cargo de la fiscal provincial titular Silvia Aide Paredes Goicochea, se originó tras una denuncia que puso al descubierto la presunta comisión de delitos en la designación de altos puestos de confianza dentro del sector turismo
De acuerdo con el Manual de Clasificación de Cargos (MCC) del Gobierno Regional de Áncash (aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 109-2023-GRA/GGR), el puesto de director regional de Comercio Exterior y Turismo exige un perfil estricto: mínimo seis (06) años de experiencia general, tres (03) años de experiencia específica en la función o materia y dos (02) años de experiencia específica en cargos directivos.
Sin embargo, tras la revisión de la propia Declaración Jurada de Intereses de Pedro Junior Vargas Lozada, la Fiscalía advirtió que solo registraba 8 meses de experiencia directiva. Pese a no contar con el perfil mínimo legal, las autoridades regionales forzaron su nombramiento oficial mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 667-2025-GRA/GGR, permitiendo su toma de posesión desde el 1 de enero de 2026.
Por estos hechos, la Fiscalía imputa al gobierno regional de Ancash por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de Nombramiento Ilegal de Cargo Público, y a Pedro Vargas Lozada por Aceptación Ilegal del Cargo (Artículo 381° del Código Penal).
El Ministerio Público fijó un estricto cronograma de declaraciones en la sede fiscal de Huaraz para el próximo 17 de agosto de 2026, al Procurador Público del Gobierno Regional de Áncash, Gerente General Regional, Marco Antonio La Rosa Sánchez, Director de Turismo, Pedro Junior Vargas Lozada.
Asimismo, para el 18 de agosto se ha programado la extracción de datos e información de la Declaración Jurada de Intereses desde el portal de la Contraloría General de la República. Todos los imputados tienen un plazo de 48 horas para designar abogados de su libre elección bajo apercibimiento de asignárseles defensores públicos.
