Un conflicto de carácter legal y administrativo se ha desatado en la provincia de Huari, luego de que el Consorcio Terminal Terrestre remitiera una carta notarial al alcalde provincial, Lorgio Ríos Ocaña, exigiendo su rectificación pública en un plazo de 48 horas, tras haber sido acusado de presentar “documentos falsos e inexactos” en el proceso de contratación para la construcción del terminal terrestre.
Según el documento notarial, la empresa señala que dichas afirmaciones fueron realizadas por la autoridad edil en una transmisión difundida a través de redes sociales, en la que además se anunció que el proyecto —valorizado en más de 40 millones de soles— no se ejecutaría, argumentando presuntos problemas de solvencia del consorcio.
Frente a ello, el consorcio rechaza categóricamente estas declaraciones y sostiene que toda la documentación presentada cumple con los requisitos legales y ha sido emitida por entidades competentes, amparándose en el principio de presunción de veracidad
Asimismo, advierte que las afirmaciones del alcalde afectan gravemente su reputación empresarial y vulneran el debido proceso, al no existir —según precisan— un pronunciamiento oficial de las instancias correspondientes que determine alguna irregularidad en su participa
En ese sentido, la empresa exige que el alcalde se retracte públicamente utilizando el mismo medio en el que emitió sus declaraciones. De no hacerlo dentro del plazo establecido, el consorcio anunció que iniciará las acciones legales correspondientes, entre ellas un proceso arbitral, así como demandas por daños y perjuicios y una querella por difamación agravada.
Este escenario pone en cuestionamiento la decisión de la actual gestión municipal de desistir de la ejecución del terminal terrestre, pese a la existencia de un contrato firmado, lo que podría generar consecuencias económicas para la comuna provincial.
Mientras tanto, la población de Huari observa con preocupación el futuro de una obra considerada clave para el desarrollo local, ahora envuelta en una controversia que podría trasladarse al ámbito judicial si no se logra una pronta solución.
