Las calles están inundadas de propaganda, las redes sociales saturadas de publicidad y los mítines movilizan maquinarias logísticas inmensas; sin embargo, en el papel, los aspirantes a representar a Áncash en las Elecciones Generales 2026 parecen estar haciendo política con el vuelto del pan.
La reciente entrega de informes financieros a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revela no solo una alarmante desconexión entre los gastos reales y los declarados, sino también un preocupante patrón de opacidad, anomalías contables y un descarado desprecio por la transparencia por parte de quienes aspiran a legislar el país.
El nivel de indignación alcanza su punto más álgido al revisar los reportes de ciertos candidatos a diputados que, a pesar de ostentar campañas millonarias a la vista de todos los ancashinos, declaran cifras que resultan un insulto a la inteligencia del electorado. El caso de Huber William Bueno Cerna, candidato de Fuerza Popular, es a todas luces una burla pues declara ingresos totales por apenas S/ 1,732, monto aportado por él mismo, y gastos por la misma irrisoria cantidad. Resulta fácticamente imposible sostener una contienda electoral regional con menos de dos mil soles. En la misma línea de la desfachatez se encuentra Analio Beto Ugarte Medina, postulante por País Para Todos, quien reporta ingresos por apenas S/ 1,580 financiados íntegramente por Rober Araujo Ugarte. ¿Pretenden hacer creer a los ciudadanos y a las autoridades electorales que toda su maquinaria de gigantografías, polos y movilización costó menos que el salario mínimo? A esta lista de austeridad ficticia se suma Alexander Edwin Meza Villarreal, también de País Para Todos, quien autofinancia su campaña con S/ 5,050 y reporta gastos por S/ 5,040, un cuadre casi perfecto y diminuto que maquilla la verdadera inyección de capital en su proselitismo.
Pero las sombras en estos reportes no se limitan a los montos inverosímiles, sino a la extraña arquitectura de los aportes y los gastos. Al revisar el expediente de Jesús Wilfredo Veliz Valerio, candidato a diputado por Renovación Popular, se observa que declara S/ 56,475.50. No obstante, llama poderosamente la atención el patrón de ingresos de una sola persona, Yessenia Karim Villena Valverde, figura inyectando dinero y especies en decenas de transacciones consecutivas y fragmentadas. Esta modalidad de aportes fraccionados enciende las alertas de cualquier auditoría, pues es una técnica habitualmente conocida como «pitufeo», utilizada para evadir los controles de escrutinio sobre el origen de los fondos.
Incluso en las candidaturas al Senado, donde los montos son más abultados, los errores y las cuadraduras mágicas están a la orden del día. El exmilitar y candidato a senador Otto Guibovich Arteaga (Renovación Popular) reporta ingresos por S/ 43,349 y gastos por exactamente la misma cifra al céntimo. Esta exactitud matemática entre lo que entra y lo que sale se repite en candidatos a diputados como Oscar Negreiros Cerna y Cristofer Barrionuevo Romero. En la contabilidad real de una campaña política, que un reporte cuadre a cero con tanta perfección no es un síntoma de orden, sino una clarísima señal de que los números han sido fabricados o ajustados artificialmente en un escritorio de Excel para cumplir con el trámite, ocultando los saldos, las deudas reales y el flujo de caja en negro.
Si la manipulación de cifras es grave, la actitud de quienes se creen por encima de la ley es alarmante. Existe un grupo de candidatos que han optado por el silencio absoluto, convirtiéndose en omisos frente a la ONPE y la ciudadanía. Yanira Pamela Toro Figueroa, candidata a diputada por Áncash en las filas de Ahora Nación, simplemente no ha declarado cuánto ingresó ni cuánto gastó en su campaña. Esta rebeldía contra la transparencia es compartida por las filas de Somos Perú, donde los candidatos a diputados Wilman Ponce y Marcela Portocarrero también figuran como omisos, incumpliendo flagrantemente con su deber de presentar su declaración financiera. Si en calidad de candidatos ocultan el origen de sus fondos y se niegan a rendir cuentas por sus campañas, cabe preguntarse con legítima preocupación qué nivel de transparencia ofrecerán si llegan a ocupar un escaño en el Parlamento. La ONPE y el Ministerio Público tienen la obligación de cruzar la información de estos reportes con la realidad de las calles; de lo contrario, el financiamiento ilícito seguirá siendo el verdadero elector en las sombras.
