El envío de una carta notarial exigiendo la eliminación de un reportaje periodístico bajo amenaza de querella es, históricamente, el último refugio de las gestiones que pierden el control de su propia narrativa. El alcalde de San Marcos, Manuel Ugarte Medina, pretende que este medio se retracte por informar sobre el presunto fraude en el padrón electoral. Sin embargo, nuestra labor no se basa en rumores aislados, sino en un ecosistema de denuncias sólidas y públicas. A continuación, exponemos nueve motivos ineludibles, basados en hechos documentados por la propia ciudadanía y diversos medios locales, por los cuales rechazamos tajantemente esta mordaza.
La primera razón es la pluralidad informativa que desmiente la teoría del «ataque aislado». No somos los únicos ni los primeros en advertir este escenario. El 23 de marzo de 2026, el medio «Radio Mosna Digital» ya emitía una alerta pública exigiendo la intervención de las autoridades frente al cuestionado cambio masivo de domicilio que involucraría a más de ocho mil votantes. Pretender acallar a un solo medio cuando la prensa regional ya hizo eco de la crisis es un esfuerzo inútil por tapar el sol con un dedo.
Un segundo motivo, y quizá el más gráfico, es la existencia de evidencia fotográfica sobre presuntas transacciones irregulares. Tal como lo documentaron las páginas «Conchucos Encuestas» el 13 de marzo y «Denuncias Ancash» el 17 de marzo, vecinos captaron a Jesica Alva, trabajadora de la gestión de Manuel Ugarte, acusada de realizar presuntos pagos vía la aplicación Yape a fiscalizadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) a plena luz del día. A la fecha, la trabajadora no ha desmentido tal hecho. Una imagen vale más que mil cartas notariales.
Como tercer fundamento, señalamos las absurdas anomalías demográficas en el propio círculo íntimo de la autoridad edil. El 17 de marzo, la plataforma «Denuncias Ancash» destapó un hecho que desafía la lógica habitacional. La esposa del alcalde, Lesly Gonzales Alfaro, es acusada y figuraría vinculada a un domicilio donde se habrían registrado hasta 300 electores «golondrinos». Ante cifras tan alarmantes, el periodismo tiene la obligación de preguntar, y el alcalde, la de responder con documentos, no con amenazas.
La cuarta razón se sustenta en la intervención documentada de los propios vecinos. El 22 de marzo, la página «Látigo Negro» expuso el trabajo de la Sociedad Civil Organizada del distrito, quienes acompañaron como veedores a los verificadores de domicilio del RENIEC entre el 12 y el 16 de marzo. Sus reportes señalan una presunta «renegociación» que afectaría al 87% de los ciudadanos observados. Este nivel de vigilancia cívica demuestra que el malestar nace de las calles, no de una sala de redacción.
En quinto lugar, nos negamos a dar la espalda a los trabajadores víctimas de presunta extorsión. El 18 de marzo, «Ancashinos en las Noticias» recogió las graves denuncias bajo anonimato de colaboradores municipales, a quienes se les estaría exigiendo llevar y empadronar a diez personas como requisito indispensable para no ser despedidos. Retractarnos significaría validar este aparente sistema de coacción laboral y abandonar a quienes buscan auxilio en la prensa.
El sexto argumento es el contundente material audiovisual que salpica a los funcionarios de confianza de la gestión. La cuenta «Milán Fernández Ayala» hizo público un audio atribuido a Eladio Romani Mautino, alias «El Chavino», subgerente de mantenimiento de la municipalidad. En la grabación, se le escucharía condicionando al personal técnico del programa «Piloto» a conseguir veinte cambios de DNI para poder conservar sus puestos. Frente a confesiones de este calibre, el silencio editorial sería complicidad.
Una séptima justificación radica en el aparente modus operandi institucionalizado en toda la cúpula municipal. La reciente publicación de «Noticias de Ancash» denuncia que la totalidad de los gerentes y subgerentes foráneos, incluyendo figuras clave como el gerente municipal Jorge Acedo y Denis Rubina, habrían cambiado sus propios domicilios a San Marcos con el único fin de asegurar su cuota de poder. Es decir, los forasteros administrando y decidiendo el futuro del distrito más rico del país.
El octavo pilar de nuestra postura es el historial sistemático de estas prácticas. Las redes ciudadanas, como «Dibujitos Unidos Sanmarquinos», han sacado a la luz que esta maquinaria no es nueva, advirtiendo sobre conversaciones de WhatsApp que datan del año 2022, donde se denuncia que el clan familiar del alcalde ya realizaba cambios de domicilio sin reparo alguno. Informar sobre un patrón de conducta sostenido en el tiempo es un deber periodístico inexcusable.
Finalmente, la novena razón es nuestro deber constitucional de proteger el libre ejercicio de la prensa y a nuestras fuentes frente a la violencia. No cederemos ante un aparato que, como denunció «Paccha Noticias», es capaz de fomentar agresiones físicas contra los medios de comunicación en plena plaza de armas de Huari, cuando estos intentaban entrevistar a autoridades que defendían a los electores foráneos. El amedrentamiento, sea mediante golpes en una plaza o mediante papel sellado de una notaría, tiene el mismo objetivo: la oscuridad.
Una gestión verdaderamente transparente, frente a semejante avalancha de testimonios, audios, fotos y cifras discordantes, convocaría a una conferencia de prensa con documentos en mano para aclarar cada duda de su población. Optar, en cambio, por la intimidación notarial a los medios solo refuerza las sospechas ciudadanas y nos confirma que estamos exactamente donde debemos estar: del lado de la fiscalización. No habrá rectificación, habrá más periodismo.
