El Ministerio Público formalizo acusación contra el alcalde del distrito de Jangas, Elmer Amado Cacha Catire, solicitando al poder judicial 2 años y 8 meses de pena privativa de libertad con carácter suspendido y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el presunto delito de peculado de uso.
La acusación fiscal se sustenta en una investigación que revela el presunto uso indebido de un vehículo de propiedad de la municipalidad distrital de Jangas, un bien del estado que, según la normativa vigente, debe ser utilizado exclusivamente para actividades institucionales y en beneficio del servicio público.
De acuerdo con el requerimiento acusatorio del ministerio público, el caso gira en torno a una camioneta toyota Hilux perteneciente a la municipalidad distrital de Jangas, identificada inicialmente con placa aet-831 y posteriormente ean-580, vehículo asignado a la alta dirección municipal para el cumplimiento de labores administrativas.
Sin embargo, la investigación fiscal sostiene que dicho vehículo habría sido utilizado para fines ajenos a la función pública, permitiendo que el ciudadano Yony Armando Romero Pérez conduzca la unidad pese a que no tenía vínculo laboral ni relación contractual con la municipalidad, situación que constituye uno de los principales elementos de la imputación penal.
Accidente y estado de ebriedad
Los hechos alcanzaron mayor gravedad el 12 de abril de 2025, cuando la camioneta municipal terminó involucrada en un accidente de tránsito en la carretera Huaraz – Caraz, a la altura del sector Vichay, en el distrito de independencia.
Según las diligencias policiales incorporadas al expediente fiscal, el vehículo municipal impactó por la parte posterior a otro automóvil, provocando daños materiales y lesiones a las personas que se encontraban en el otro vehículo.
Las pruebas recogidas durante la investigación revelaron además que el conductor Yony Romero Pérez manejaba en estado de ebriedad, registrando 1.35 gramos de alcohol por litro de sangre, nivel considerado como intoxicación alcohólica.
Durante el proceso de investigación, la fiscalía recopiló diversos elementos de convicción que sustentan la acusación, entre ellos: Informes de la municipalidad que acreditan que el conductor no era trabajador ni funcionario de la entidad, actas policiales que documentan el accidente de tránsito, certificado de dosaje etílico que confirma el estado de ebriedad del conductor, documentación administrativa que establece la asignación oficial del vehículo municipal, declaraciones de funcionarios y testigos vinculados al caso.
La investigación fiscal también señala que el vehículo municipal habría sido utilizado para trasladarse a la ciudad de Huaraz con el objetivo de recoger palmas, Olivos y otros materiales para actividades relacionadas con semana santa, un uso que, según el ministerio público, no justificaba la utilización de un bien estatal en las condiciones en que se produjo.
Daños al patrimonio del estado
Como consecuencia del accidente, la camioneta municipal sufrió daños que requirieron reparaciones valorizadas en más de 18 mil soles, según informes técnicos incorporados en el expediente fiscal.
Posteriormente, el conductor involucrado habría firmado una transacción extrajudicial comprometiéndose a pagar 15 mil soles para cubrir parte de los daños ocasionados al vehículo de propiedad municipal.
Pedido de sanción
Tras culminar las diligencias, el ministerio público presentó acusación contra: Elmer Amado Cacha Catire, alcalde del distrito de Jangas, como presunto autor del delito de peculado de uso
Yony Armando Romero Pérez, como cómplice en el uso indebido del vehículo estatal. En ese sentido, la fiscalía solicita que ambos sean condenados a 2 años y 8 meses de prisión suspendida, además del pago de días multa, mientras que para el alcalde se ha pedido además 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El requerimiento acusatorio ha sido presentado ante el juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios, instancia que deberá evaluar las pruebas reunidas por el ministerio público y determinar si el caso pasa a la etapa de juicio oral.
