Una grave denuncia realizado por un grupo de trabajadores del Centro de Salud Mental Comunitario “Qori Qoyllur” de Caraz, perteneciente a la Red de Salud Huaylas Norte, denunciaron presuntas irregularidades administrativas, actos de hostigamiento laboral, intimidación y despidos aparentemente injustificados, con una afectación directa al acceso y continuidad de la atención en salud mental de la población usuaria.
Según las denunciantes —formulada bajo reserva absoluta de sus identidades por temor a represalias laborales— la evaluación de desempeño aplicada al personal no cumple con la normativa vigente del Ministerio de Salud (MINSA). Dicho proceso habría sido realizado por la jefa del establecimiento, sin utilizar el formato oficial, sin indicadores técnicos, sin sustento objetivo ni evidencias documentadas, basándose únicamente en apreciaciones subjetivas.
Además, se señala que la evaluación vulnera los principios de imparcialidad y transparencia, al haberse incluido la propia jefa del establecimiento como parte del proceso, actuando como juez y parte. El personal tampoco fue informado formalmente sobre la evaluación, sus criterios ni resultados, tomando conocimiento de su existencia por terceros. La denuncia también alcanza a la Coordinadora de Salud Mental de la Red Huaylas Norte, quien habría tenido conocimiento de la evaluación irregular sin informar oportunamente a los trabajadores, incurriendo en una presunta omisión de funciones.
A ello se suma una aparente contradicción institucional, luego de que la jefa de la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI), declarara inválida la evaluación, decisión que posteriormente fue desautorizada por el Director de la Red de Salud Huaylas Norte. Tras los reclamos formales del personal solicitando la nulidad del proceso, se habrían registrado actitudes intimidatorias, hostigamiento y presiones, calificando a los trabajadores como “problemáticos” y exhortándolos a no iniciar acciones legales o administrativas, generando un clima laboral hostil y de temor.
Uno de los hechos más graves denunciados es la exposición de personal gestante a situaciones presuntamente de maltrato, permitiendo insultos y agresiones verbales sin intervención de la jefatura, vulnerando las normas de protección a la trabajadora y el deber de cuidado institucional. Como consecuencia directa de esta evaluación cuestionada, el establecimiento se ha quedado sin tres profesionales esenciales: la única médica, una psicóloga, y una técnica de enfermería.
La salida de la médica y la psicóloga —con más de un año continuo de servicios— es calificada como despido injustificado, al existir vínculo laboral efectivo y no contar con una evaluación válida que sustente la decisión. Esta situación ha generado una grave afectación al servicio público de salud mental.
Frente a estos hechos las denunciantes han solicitado la intervención inmediata de las instancias competentes, la nulidad de la evaluación, la revisión de los despidos, la realización de un proceso técnico y transparente conforme a los lineamientos del MINSA, la investigación de los presuntos actos de hostigamiento e intimidación, así como garantías de protección para los trabajadores, especialmente para personal gestante, y medidas urgentes para restituir la atención integral en salud mental a la población de Caraz.
