La gestión del Gobierno Regional de Áncash enfrenta un nuevo escándalo de presunta corrupción e ineptitud técnica que golpea directamente a la educación y a la seguridad pública en Huaraz. Tras la resolución del contrato con el consorcio anterior, la entidad regional, aprobó con celeridad un expediente técnico para ejecutar el saldo de obra del mejoramiento de la Institución Educativa Santa Rosa de Viterbo. Sin embargo, una auditoría detallada de la Contraloría General de la República ha destapado que este documento técnico es un compendio de irregularidades que inflan el presupuesto en más de 2.7 millones de soles y avalan una construcción deficiente que viola las normas básicas de seguridad urbana.
El hallazgo más gravoso para el erario público se centra en la manipulación de los costos directos. Los funcionarios regionales aprobaron precios de insumos clave, como el cemento y el acero corrugado, basándose en cotizaciones desactualizadas y superiores a las del mercado. Mientras que la auditoría encontró que el precio real de la bolsa de cemento era de S/ 25.74 y el del acero S/ 3.41 por kilo, el expediente técnico infló estos montos a S/ 26.91 y S/ 3.83 respectivamente. Esta diferencia, aparentemente pequeña por unidad, se traduce en un sobrecosto millonario dado el volumen de la obra. A esto se suma la inclusión injustificada de gastos generales por «gestión de proyectos» y personal técnico duplicado o innecesario —como asistentes de coordinadores y especialistas legales que no se justifican por la exclusividad de la obra—, lo que en conjunto genera un perjuicio económico potencial de S/ 2 740 028,01, dinero que saldrá de los bolsillos de todos los ancashinos para pagar sobreprecios.
Pero la negligencia no se limita a los números; se ha materializado físicamente en las calles de Huaraz convirtiéndose en un peligro latente. La inspección física reveló que la instalación del cerco perimétrico de la obra se ha realizado de manera temeraria, invadiendo no solo la totalidad de la vereda, sino ocupando 1.10 metros de la calzada (pista) en las avenidas Ramón Castilla y Villón. Esta barrera metálica obliga a los transeúntes, incluidos los escolares, a caminar por medio de la pista, expuestos a ser atropellados. Lo que resulta aún más alarmante es que este cerco ha dejado encerrados y bloqueados los hidrantes contra incendios y los postes de alumbrado eléctrico, impidiendo cualquier reacción rápida del Cuerpo de Bomberos ante una emergencia y obstaculizando el mantenimiento de la red eléctrica, vulnerando flagrantemente la Norma Técnica de Edificaciones y el Código Nacional de Electricidad.
El caos administrativo es tal que el expediente técnico aprobado parece haber sido elaborado sin el más mínimo rigor profesional. Los auditores detectaron que los planos, los presupuestos y las especificaciones técnicas se contradicen entre sí en partidas críticas de estructuras, arquitectura e instalaciones sanitarias y eléctricas. Se encontraron partidas con el código genérico «99» para actividades tan dispares como pisos de concreto y agua para riego, sin ningún detalle de costos unitarios, lo que denota una improvisación absoluta. Existen ítems en el presupuesto que no aparecen en los planos y viceversa, como la señalización de seguridad o las instalaciones de gas, creando un escenario perfecto para que el nuevo contratista solicite ampliaciones de plazo y pagos adicionales por «vicios ocultos» que, en realidad, son errores visibles de escritorio.
El informe, que ya está en manos del despacho del gobernador regional desde el 31 de diciembre de 2025, advierte que persistir con este expediente deficiente no solo garantiza un desfalco económico, sino que perpetúa el riesgo de accidentes en el perímetro de la obra. Mientras los funcionarios regionales validan papeles con sobrecostos en sus oficinas, en las calles de Huaraz los hidrantes permanecen inútiles detrás de muros de metal y los ciudadanos caminan por la pista, víctimas de una planificación que priorizó el gasto rápido sobre la seguridad y la transparencia.
