La Municipalidad Distrital de Independencia, bajo la administración del alcalde Ladislao Clemente Cruz Villachica, enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad legal y financiera tras la publicación del Informe de Orientación de Oficio N° 019-2025-OCI/4603-SOO. El Órgano de Control Institucional ha determinado que la entidad viene operando al margen de la normativa de contrataciones, utilizando la modalidad de locación de servicios para encubrir funciones de carácter permanente, una práctica que la propia Procuraduría Pública Municipal ya había advertido como improcedente en febrero de 2025. A pesar de contar con un mandato expreso para evitar la desnaturalización de contratos, la gestión actual persistió en emitir órdenes de servicio que no solo ignoran los plazos máximos permitidos, sino que también omiten la interrupción mínima de labores exigida por ley.
La documentación analizada por la Comisión de Control durante noviembre de 2025 pone en evidencia una estructura de contratación que vulnera el artículo 3 de la Ley N° 31298, la cual prohíbe tajantemente el uso de servicios tercerizados para cubrir puestos de naturaleza subordinada y permanente. Según el Cuadro N° 01 del informe, profesionales en áreas críticas como la Oficina de Abastecimiento y la Oficina de Tesorería han superado los 11 meses de servicio continuo, ejerciendo cargos de contador y auxiliar administrativo sin los descansos de ley.
Esta situación no es un hecho aislado, ya que el Cuadro N° 02 detalla una lista de más de cuarenta profesionales en diversas áreas, desde la Oficina General de Administración hasta la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, que han cumplido el periodo máximo de 10 meses sin que la gestión haya tomado medidas para regularizar su situación o cesar la prestación bajo esta modalidad prohibida.
El hallazgo más crítico para la estabilidad económica de la municipalidad se encuentra en el Cuadro N° 03, donde se demuestra una continuidad laboral que se extiende de manera ininterrumpida a través de los años 2023, 2024 y 2025. En dependencias como la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, la Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastre, y la propia Gerencia Municipal, existen locadores que han desempeñado las mismas funciones por tres años consecutivos. Este patrón de conducta institucional genera un riesgo inminente de demandas laborales por desnaturalización de contrato, lo que obligaría a la entidad a incorporar a estos trabajadores a la planilla permanente y pagar beneficios sociales retroactivos, afectando directamente los recursos destinados a obras y servicios para la población de Huaraz.
La insistencia en contratar personal bajo estas condiciones, evadiendo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 o el régimen laboral correspondiente, sugiere una gestión de recursos humanos que prioriza la permanencia de ciertos perfiles sobre el cumplimiento de la legalidad administrativa. El informe, suscrito por la jefa del OCI, Margarita Rosario Colonia Alvarez, y la integrante Judith Nancy Salazar Prudencio, enfatiza que estas irregularidades no solo contravienen el Código Civil y el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, sino que exponen a la municipalidad a sanciones administrativas y fiscales de gran envergadura. Ante la contundencia de los hechos, se ha otorgado al alcalde un plazo de cinco días hábiles para comunicar las acciones preventivas o correctivas que adoptará para frenar esta cadena de infracciones que comprometen la integridad funcional de la institución.
Aunque el informe de la Contraloría —siguiendo protocolos de control institucional— omite los nombres propios para identificar a los involucrados únicamente mediante sus números de DNI y cargos específicos, la magnitud del beneficio irregular es contundente. La gestión de Ladislao Cruz ha permitido que un total de 85 personas se encuentren hoy en una situación de evidente desnaturalización contractual, lo que les abre la puerta legal para exigir su permanencia definitiva en la institución.
De este grupo, 37 trabajadores han logrado una continuidad ininterrumpida durante los años 2023, 2024 y 2025 en áreas neurálgicas como la Gerencia Municipal, Obras Públicas, Planeamiento Urbano y Servicios Públicos, consolidando un derecho de estabilidad laboral que la municipalidad difícilmente podrá revertir. A ellos se suman otros 48 locadores que, solo en el transcurso del año 2025, superaron con creces los límites de tiempo y funciones permitidos, conformando así una planilla paralela de empleados que, debido a la negligencia o el cálculo político de los responsables de las oficinas de Abastecimiento y Recursos Humanos, ahora representan una carga financiera y administrativa que el distrito de Independencia se verá obligado a absorber de manera permanente ante cualquier reclamo judicial.
Destacan aquellos identificados en el informe con registro de DNI por su permanencia durante los años 2023, 2024 y 2025: 76393576 en Coordinación Administrativa; 40377714, 31602854 y 71289932 en Servicios Públicos y Gestión Ambiental; 42597736 en Ingeniería Ambiental; 31608779 y 76357572 en el Área Técnica Municipal; 70612921, 41605349 y 74395695 en Gestión de Riesgo y Desastres; 42035937 en Tránsito; 75460622 en Educación y Cultura; 31606410 y 45585967 en el sistema SISFOH; 42936214 en Salud Pública; 72792846 en Padrón Nominal; 43137010, 31605890, 31635154, 31667849 y 31672101 en Gerencia Municipal y Atención al Ciudadano; 48513920, 45881831 y 31627000 en Obras Públicas; 43145341, 73471498 y 72144392 en Estudios y Proyectos; 46213078, 74094037, 48088422, 31667397 y 70121300 en Planeamiento Urbano; 76263629 en Procesos Disciplinarios; y los registros 72852920, 44459892 y 31627163 en labores de seguimiento y monitoreo, sumándose a este grupo los locadores de las oficinas de Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, Rentas, Fiscalización, e Inspección de Tránsito que, desempeñando funciones de contadores, economistas, arquitectos, abogados, ingenieros, docentes y personal con instrucción secundaria, han superado sistemáticamente los topes de diez meses de servicio y la obligatoriedad de interrupción de labores que exige la normativa vigente.
