Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto al descubierto una serie de inconsistencias financieras y técnicas en la gestión del Gobierno Regional de Áncash (GRA) respecto a la emblemática obra de mejoramiento de la Institución Educativa Santa Rosa de Viterbo. El documento de control concurrente, fechado al cierre de diciembre de 2025, revela que los funcionarios de la entidad aprobaron un expediente técnico para el saldo de obra que presenta una sobrevaloración estimada en más de 2 millones 740 mil soles, monto que pone en riesgo el correcto uso de los recursos públicos destinados a la educación.
El órgano de control ha sido enfático al señalar que la Gerencia Regional de Infraestructura dio luz verde a un presupuesto inflado mediante el uso de cotizaciones desactualizadas y cálculos que no corresponden a la realidad del mercado. Según el detalle del informe, para partidas críticas como el cemento y el acero corrugado, los responsables utilizaron precios de referencia de diciembre de 2023, ignorando las cotizaciones vigentes de enero de 2024 que resultaban mucho más económicas. Esta maniobra administrativa generó, solo en costos directos de materiales, un incremento artificial superior a 1 millón 110 mil soles, dinero que el Estado pagaría en exceso si no se corrigen las cifras antes de la ejecución.
La lupa de los auditores también se posó sobre los gastos generales y la gestión del proyecto, donde se identificaron rubros que carecen de sustento técnico. El expediente contempla el pago de personal administrativo, alquileres y servicios por un periodo de 18 meses, a pesar de que el plazo de ejecución técnica del saldo de obra es de solo 13 meses. Esta disparidad temporal implica un desembolso adicional innecesario. A esto se suma la inclusión de asistentes de coordinación y especialistas legales cuyos costos, que ascienden a más de 639 mil soles, no cuentan con la justificación debida para su permanencia durante toda la obra. De igual forma, se detectó que el presupuesto para el Control Concurrente se mantuvo en cifras históricas elevadas, superando por más de 700 mil soles el tope legal permitido del 0.6% del costo total, inflando aún más la cifra final del proyecto.
Más allá de los números, el informe expone una preocupante desprolijidad técnica en la elaboración del expediente. Los auditores hallaron documentos incongruentes e incompletos que evidencian una falta de revisión rigurosa por parte del Gobierno Regional. Existen partidas con duplicidad de códigos, descripciones que no coinciden con los planos y hasta la inclusión de planes de vigilancia para COVID-19 que, a estas alturas, resultan inoperantes o descontextualizados para la realidad sanitaria actual. Las especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias presentan contradicciones flagrantes entre lo que dice el presupuesto y lo que exigen las especificaciones técnicas, situación que, de no subsanarse, garantiza futuras ampliaciones de plazo y mayores costos por consultas recurrentes durante la construcción.
Sin embargo, el hallazgo que impacta directamente en la seguridad ciudadana es la instalación del cerco perimétrico de la obra. En una inspección física realizada en la víspera de Navidad de 2025, se constató que el contratista instaló planchas metálicas invadiendo la totalidad de la vereda en jirones y avenidas colindantes como Villón y Ramón Castilla. Esta acción ha bloqueado el libre tránsito, obligando a los peatones, escolares y vecinos a caminar por la calzada vehicular, exponiéndose a atropellos y accidentes de tránsito.
La gravedad de esta ocupación de la vía pública escala al comprobarse que el cerco metálico ha dejado encerrados postes de alumbrado eléctrico e hidrantes contra incendios, impidiendo su acceso inmediato ante cualquier emergencia, lo cual vulnera las normas nacionales de edificación y seguridad. Incluso, en las intersecciones, el cerco anula la visibilidad de los conductores, convirtiendo las esquinas del colegio en puntos ciegos de alto riesgo.
El informe concluye advirtiendo que estas situaciones adversas, que van desde la millonaria sobrevaloración presupuestal hasta el peligro físico para los transeúntes, han sido comunicadas al titular de la entidad para que adopte las acciones correctivas inmediatas. La ciudadanía ancashina queda ahora a la espera de explicaciones claras sobre cómo se permitió la aprobación de un expediente con tales deficiencias económicas y técnicas en una de las obras más esperadas de Huaraz.
