El Gobierno Regional de Áncash validó y dio luz verde al quinto entregable del expediente técnico para el mejoramiento de la Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga, en el distrito de Independencia, a pesar de que el documento presenta una serie de inconsistencias técnicas y presupuestales que vulneran el Reglamento Nacional de Edificaciones. Según el Informe de Hito de Control N° 054-2025-OCI/5332-SCC, emitido el 15 de diciembre de 2025, la entidad regional aprobó una inversión superior a los 154 millones de soles sustentada en estudios incompletos que omiten componentes obligatorios, presentan incompatibilidades entre planos y especificaciones, y carecen de estudios básicos de calidad de materiales.
El órgano de control denunció que el expediente técnico aprobado no cumple con la Norma Técnica GE.020, evidenciando una desconexión alarmante entre las especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones. En el ámbito sanitario, los proyectistas calcularon la dotación de agua fría basándose erróneamente en el metraje de las aulas y no en la población estudiantil como exige la norma IS.010, lo que invalida el diseño del sistema hidráulico. A esto se suma que la capacidad de la cisterna contra incendios presenta una variación injustificada de casi 60 metros cúbicos entre la memoria de cálculo y la realidad geométrica del espacio disponible, sin que exista sustento técnico para tal discrepancia. Además, el sistema de agua caliente fue diseñado considerando parámetros de consumo para hospitales y consultorios, ignorando que la edificación es un colegio con gimnasios, lo que denota una aplicación normativa equivocada por parte de los consultores y una falta de revisión por parte de la entidad.
La seguridad de los futuros estudiantes se encuentra comprometida en el diseño eléctrico. El informe detalla que los tableros eléctricos proyectados en aulas y pasadizos no cuentan con especificaciones de seguridad como cerraduras, dejándolos expuestos a la manipulación de terceros, incumpliendo el Código Nacional de Electricidad. Asimismo, no se diferencia entre los sistemas de energía normal y estabilizada en los diagramas unifilares, y se omitieron cálculos reales de la demanda máxima, presentando cifras redondas sin respaldo técnico. La situación se agrava al verificarse que no existe factibilidad de suministro eléctrico trifásico garantizado, pues la demanda calculada supera la carga disponible, un detalle que la entidad pasó por alto al aprobar el documento.
En materia presupuestal, la revisión fiscalizadora destapó una duplicidad (sobrevaloración) de insumos que infla el costo directo de la obra. Las partidas de instalaciones sanitarias incluyen accesorios como codos, tees y uniones de forma independiente, a pesar de que estos ya están cuantificados dentro del costo unitario por metro lineal de tubería. Simultáneamente, se detectó una incongruencia en los costos de movimiento de tierras, mientras las especificaciones técnicas indican un factor de esponjamiento del 25%, los metrados utilizan un factor de 1.3, lo que altera el volumen real de material a eliminar y el presupuesto final. Otro hallazgo financiero revela que se presupuestó la bolsa de Cemento Portland Tipo I a un precio superior al de la cotización más baja obtenida en el estudio de mercado, generando un sobrecosto automático de más de 40 mil soles solo en este insumo, sin justificación alguna por parte de los responsables del presupuesto.
La planificación de la ejecución de la obra carece de un sustento técnico viable. La Contraloría evidenció que el cronograma de obra no fue elaborado bajo el Método del Camino Crítico (CPM), impidiendo identificar las rutas críticas que determinan el plazo real del proyecto. Las actividades de instalaciones mecánicas y eléctricas aparecen aisladas, sin vinculación lógica con el resto de la construcción, lo que imposibilita un control adecuado de los avances y el cálculo correcto de los gastos generales. Esta deficiencia administrativa abre la puerta a futuras ampliaciones de plazo y pagos adicionales por mayores gastos generales, afectando directamente las arcas del Estado.
En cuanto a la arquitectura, los planos aprobados infringen las normas de accesibilidad universal. Se identificaron rampas sin barandas ni pasamanos, contraviniendo la norma A.120, y zonas de estacionamiento sin detalles de dimensiones, lo que impide verificar si cumplen con los espacios mínimos reglamentarios. Los planos de acabados presentan contradicciones sobre los tipos de pisos y zócalos a instalar, generando incertidumbre sobre qué materiales deben comprarse y colocarse realmente, lo que derivaría en controversias durante la etapa constructiva.
El manejo ambiental y la calidad de los materiales estructurales también fueron ignorados. El expediente no precisa el lugar autorizado para la disposición final de los más de 30 mil metros cúbicos de residuos sólidos que generará la demolición y construcción, exponiendo al proyecto a multas ambientales. Más grave aún es la ausencia de un estudio de canteras y diseño de mezclas de concreto. A pesar de que el concreto premezclado es un insumo crítico, no se adjuntan ensayos de laboratorio que certifiquen la calidad de los agregados ni la dosificación necesaria para alcanzar las resistencias estructurales requeridas, basándose únicamente en cotizaciones comerciales sin respaldo técnico de ingeniería.
La Comisión de Control comunicó estos hallazgos al Gobernador Regional de Áncash mediante oficio el mismo 15 de diciembre de 2025, otorgando un plazo de cinco días hábiles para que la entidad presente un plan de acción correctivo. La aprobación de este expediente con tales falencias técnicas, legales y económicas compromete la finalidad pública del proyecto y pone en tela de juicio la capacidad de supervisión de los funcionarios del Gobierno Regional, quienes validaron documentos que no garantizan la calidad ni la seguridad de la infraestructura educativa.
