La decisión de la Municipalidad Provincial de Huaraz de convertir en peatonales las calles que rodean la Plaza de Armas, una medida defendida por el alcalde David Rosales y el regidor Denis Tinoco como un acto de protección al patrimonio histórico, es hoy objeto de un profundo cuestionamiento. La reciente inundación de la avenida Luzuriaga, aún sin ser inaugurada, y un contundente informe de la Contraloría General de la República sugieren que la verdadera motivación detrás de la propuesta podría no ser cultural, sino una consecuencia directa de una obra plagada de irregularidades.
La administración municipal ha fundamentado su propuesta en la Ordenanza Municipal 045-MPH/2016 y en la reciente Resolución Viceministerial 0044-2023-VMPCIC/MC, que declara el área como Ambiente Urbano Monumental. Sin embargo, un análisis de dicha resolución del Ministerio de Cultura revela que, si bien establece la necesidad de autorización para cualquier intervención, en ninguna de sus nueve páginas se ordena o siquiera sugiere la prohibición del tránsito vehicular. El documento se centra en el valor simbólico, social y paisajístico del espacio, no en la gestión del tráfico.
Este argumento cultural contrasta dramáticamente con la realidad técnica de la principal obra de la gestión: la reconstrucción de la Avenida Luzuriaga. El pasado 7 de octubre, las primeras lluvias inundaron tramos de la vía, confirmando las advertencias previas sobre una ejecución deficiente. Este colapso prematuro no es un hecho aislado, sino la crónica de un desastre anunciado por la propia Contraloría.
El Informe de Hito de Control N° 025-2025-OCI/0337-SCC, remitido al despacho del alcalde Rosales, detalla una cadena de fallas críticas. Entre las más graves se encuentran LA Supervisión Ausente ya que el supervisor de obra, aprobado por el gerente de Desarrollo Urbano, Billy Chamana Aylas, prestaba servicios de forma simultánea en al menos otras dos obras públicas, contraviniendo la exigencia de dedicación exclusiva y afectando directamente el control técnico del proyecto.
La Calidad Estructural Comprometida ya que se detectó que el relleno de la sub-base granular se ejecuta sin cumplir las especificaciones técnicas, lo que «pone en serio riesgo la durabilidad, estabilidad y vida útil del pavimento rígido». Este hallazgo es crucial, pues un pavimento débil sería incapaz de soportar el tránsito vehicular pesado sin deteriorarse rápidamente.
El Sistema de Drenaje Defectuoso ya que la Contraloría advirtió sobre un «cuello de botella» en el sistema de drenaje pluvial, al no conectar adecuadamente el nuevo canal de Luzuriaga con el existente en el jirón Sucre, de menor dimensión. Esta negligencia técnica explica la reciente inundación y anticipa un riesgo de colapso del alcantarillado en el centro de la ciudad.
Asimismo, el Peligro para la Seguridad y Salud Pública pues el informe constató la falta sistemática de medidas de seguridad para los transeúntes y la presencia de tuberías de asbesto, material prohibido por ley por ser nocivo para la salud, sin que se gestionara su cambio.
Ante este cúmulo de evidencias, la insistencia en peatonalizar el tramo de la plaza cobra un nuevo significado para la ciudadanía. Lo que se presenta como una medida de vanguardia para proteger el patrimonio es percibido por vecinos y comerciantes como una estrategia desesperada. La hipótesis que resuena en las calles es clara: impedir el paso de vehículos no sería para proteger la historia de Huaraz, sino para proteger una obra mal ejecutada de su inminente colapso, evitando que el peso del tránsito revele las fallas estructurales advertidas por la Contraloría y que el gerente Billy Chamana, señalado en círculos municipales como el «padrino» del proyecto, tendría que justificar.
La gestión del alcalde David Rosales tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para responder a la Contraloría, mientras el Ministerio Público mantiene un silencio que acrecienta la indignación. La pregunta que queda en el aire es si el corazón de Huaraz se cerrará al tránsito en nombre de la cultura, o para ocultar bajo el asfalto las evidencias de una gestión bajo sospecha.
