Nuevamente, familiares de los internos del penal de Huaraz hicieron llegar a los medios de comunicación una serie de quejas y denuncias por presuntos maltratos y cobros indebidos al interior del establecimiento penitenciario.
Según varias misivas remitidas a distintas instituciones, los presos aseguran que, de no cumplir con las exigencias económicas impuestas, son víctimas de represalias, que incluyen castigos y confinamiento en “el hueco”. Las denuncias responsabilizan directamente a las autoridades encargadas de la administración y control del penal, como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
En las cartas, los internos precisan detalles de las supuestas irregularidades y solicitan la presencia urgente de organismos defensores de derechos humanos, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Esta última ha sido duramente cuestionada, pues según los denunciantes, su comisionada no estaría cumpliendo con las visitas periódicas al penal ni levantando las actas que deberían evidenciar dichas supervisiones.
Ante esta ausencia de fiscalización efectiva, los familiares consideran necesaria la intervención de CODISPAS Huaraz, entidad vinculada a la Iglesia católica y con reconocida representación en la defensa de los derechos humanos.
Las denuncias reavivan el debate sobre las condiciones de reclusión en el penal huaracino y la necesidad de un control más riguroso de las instituciones responsables.
