Los recientes actos de violencia registrados en la Comunidad Campesina de Huaripampa contra instalaciones y bienes vinculados a la compañía minera Antamina han dejado un saldo nefasto para la economía regional. Según estimaciones preliminares, las pérdidas superarían los 20 millones de soles, pero más allá de las cifras, los hechos reflejan un mensaje de barbarie que no puede pasar desapercibido.
La quema de vehículos de propiedad de empresas locales no solo constituye un ataque irracional contra el capital privado, sino también un golpe directo contra los propios trabajadores y familias que dependen de estas fuentes de empleo.
Particular preocupación genera la situación de los comuneros de Juprog, cuya empresa comunal prestaba servicios de alquiler de maquinaria pesada a Antamina. Estos equipos, adquiridos gracias al esfuerzo colectivo, representaban una oportunidad de desarrollo y empleo para la comunidad. Su destrucción, en nombre de una supuesta “lucha comunal”, constituye en realidad un acto de autodestrucción, pues los mismos pobladores verán truncadas sus posibilidades de progreso.
Asimismo, empresarios de Huaraz que durante años han invertido capital y confianza en proveer servicios a la minería enfrentan hoy pérdidas millonarias como consecuencia de la violencia desatada en Huaripampa. Este panorama envía un pésimo mensaje a los inversionistas que observan con preocupación el clima social de la región.
