A pesar de la gravedad de los hechos, ocurridos en el año 2024 y de alto impacto en la región, el nuevo defensor —quien ni siquiera es abogado de profesión— admitió no estar informado del caso, aparentemente porque no se le reportó con anticipación. Esta revelación ha sido calificada como alarmante y desubicada, al tratarse de una violación flagrante de derechos humanos que ha vuelto a repetirse en días recientes.
El pasado lunes 4 de agosto se habría registrado otro acto de agresión contra un interno dentro del mismo penal, lo que refuerza las denuncias de maltratos sistemáticos por parte del personal penitenciario.
El desconocimiento del defensor no solo evidencia una preocupante falta de preparación y conexión con la realidad regional, sino que además pone en duda su capacidad para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a abusos institucionales como los cometidos en este penal.
