La crisis laboral denunciada por docentes del colegio privado Skinner ha escalado a un nuevo nivel de confusión y contradicciones. Tras la publicación de una denuncia anónima sobre sistemáticos retrasos en los pagos, la institución emitió un comunicado oficial este lunes a las 2:00 p.m.
En dicho documento, un docente identificado como Ricardo Rodríguez Buendía, hablando en aparente nombre de todo el personal, calificó las noticias como «falsas en toda su dimensión» y expresó la incomodidad del plantel con la prensa por, según él, no verificar la información. Sin embargo, el comunicado no ofreció ninguna prueba documental, como comprobantes de pago, para respaldar su categórico desmentido. Por el contrario, Rodríguez Buendía se limitó a victimizar a la institución, sugiriendo que las denuncias son una reacción a los premios que el colegio ha ganado y agradeciendo la gestión del propietario, Elmer Padilla Ocrospoma.
No obstante, esta versión oficial ha quedado completamente desvirtuada por las propias declaraciones del dueño del colegio. Un video enviado a nuestra redacción el domingo por la noche, y atribuido al propio Elmer Padilla Ocrospoma, revela una realidad diametralmente opuesta. En la grabación, Padilla Ocrospoma no solo desmiente a su empleado, sino que reconoce la grave situación económica de la institución. Admite que a más del 50% de los docentes se les adeuda sus haberes con más de un mes de retraso, aunque matiza diciendo que «más del 50% ya se tiene pagado o un adelanto», una afirmación que aun así confirma la existencia de una significativa deuda con casi la mitad de su personal.
Lo más alarmante de su confesión fue la decisión de trasladar la responsabilidad a los padres de familia. Padilla Ocrospoma los señaló directamente como los causantes de la crisis, afirmando que el colegio enfrenta un «déficit del 60%» porque los padres no estarían cumpliendo con el pago de las pensiones. “Los padres no están pagando”, añadió. Esta grave acusación no solo expone una presunta insolvencia que podría poner en riesgo la continuidad del servicio educativo, sino que también ha encendido las alarmas en la comunidad, generando un llamado urgente a la intervención de oficio por parte de la UGEL, la Fiscalía y, especialmente, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
Las versiones contrapuestas que emanan desde el propio Colegio Skinner —por un lado, un docente que niega todo y ataca a la prensa; por otro, el dueño que admite la deuda pero culpa a terceros— siembran más dudas que certezas y refuerzan la denuncia original de los trabajadores, quienes afirmaron hablar desde el anonimato por «miedo a represalias». Mientras la institución se defiende alegando ser víctima de una «guerra sucia», los hechos demuestran una profunda inconsistencia interna que deja en evidencia la precaria situación laboral de sus docentes y la preocupante gestión administrativa del plantel.
