Cuando un ciudadano busca protección, la Policía es el primer refugio. Pero, ¿Qué pasa cuando esa puerta se cierra en tu cara? Eso fue lo que vivió nuestra directora, Gudy Galvez Tafur, quien tras recibir amenazas de muerte (como parte de una extorsión), acudió a la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Huaraz solo para encontrarse con un muro de indiferencia, incompetencia y una escandalosa omisión de funciones.
El día de ayer, al promediar las 12 del mediodía, nuestra directora y acompañado de su abogado se apersonaron a la DEPINCRI para denunciar el delito de amenaza de muerte lo cual califica como el delito de extorsión llevando el teléfono celular e impresiones como evidencia. Lo que siguió fue una hora y quince minutos de un trato humillante y negligente. Los suboficiales Miguel Ángel Gonzales Cuevas y Elkin Rodríguez Dolores, en lugar de atender la emergencia, la mantuvieron esperando en un patio, negándole el acceso a una oficina bajo el argumento que en las oficinas estaban «ocupados».
Lo más grave vino después. Tras una supuesta «consulta» entre sus colegas, y arrogándose facultades de fiscales o jueces, decidieron con asombrosa ligereza que «mientras no hay delito (mientras no haya un muerto) no podemos asentar denuncia». Este argumento no solo es falso, sino que demuestra un desconocimiento de la ley. El delito de Extorsión (Art. 200 del Código Penal) se consuma con la amenaza, no cuando esta se materializa en un asesinato.
La actuación de estos efectivos policiales constituye una flagrante violación de sus deberes, claramente estipulados en el Artículo 68 del Código Procesal Penal, que los obliga a «recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales». Su negativa a hacerlo configura, a su vez, el delito de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (Artículo 377 del Código Penal).
Para colmo de la inoperancia, intentaron «orientar» a nuestra directora para que acuda a la Subprefectura a pedir garantías personales un domingo, sin darse cuenta de la urgencia que requiere esta investigación. Como si una amenaza de muerte por parte de una presunta mafia de la construcción fuera un simple conflicto vecinal. Las garantías son una medida administrativa que no reemplaza una investigación de delitos en material penal. Es como si le dieras una aspirina a un paciente con una hemorragia interna.
Pero la negativa podría ser aún más profunda. Los suboficiales alegaron haberse comunicado con la Fiscalía de Turno, un tal «Doctor Jim», quien supuestamente habría avalado su decisión de no recibir la denuncia. Hacemos un llamado público a la Presidencia de la Junta de Fiscales de Áncash para que aclare si este «Doctor Jim» existe y si es cierto que dio tan insólita e ilegal directiva, lo que configuraría un gravísimo acto de prevaricato.
Si así trata la DEPINCRI-Huaraz un caso de extorsión a una periodista, con pruebas evidentes, ¿Qué puede esperar el ciudadano de a pie? Esta inacción es un caldo de cultivo para la delincuencia que hoy nos ahoga. Se pide evaluar este caso a la Inspectoría de la PNP y del Ministerio Público por la gravedad del asunto.
