Un grave informe de la Contraloría General expone una realidad alarmante en la gestión de la seguridad ciudadana en nuestra región. Pese a contar con un presupuesto institucional modificado que supera los 49 millones de soles para el programa «Reducción de delitos y faltas», la investigación detalla un sistema fallido, inoperante y plagado de negligencias en 19 municipalidades provinciales y distritales, dejando a la población en un estado de completa vulnerabilidad.
Sin cámaras
El Informe de Operativo N° 4503-2025-CG/GRAN-SOP, ejecutado entre el 8 y 14 de mayo de 2025, es un inventario del abandono. Siete de las 19 municipalidades evaluadas, entre ellas las provinciales de Aija, Ocros, Asunción, Corongo, Mariscal Luzuriaga, Casma y Huari, ni siquiera cuentan con una central de monitoreo o cámaras de videovigilancia. El dinero destinado a la seguridad parece no haberse traducido en los ojos electrónicos que deberían vigilar las calles.
Cámaras malogradas
En las 12 municipalidades que sí disponen de estos equipos, el panorama es igualmente desolador. De un total de 366 cámaras, casi una cuarta parte (24.86%, es decir, 91 cámaras) están inoperativas. Los casos más críticos se registran en la Municipalidad Provincial de Huarmey, donde el 66.7% de sus cámaras no funciona, y en la Municipalidad Provincial de Huaraz, con un 55.4% de sus equipos fuera de servicio.
Cámaras sin nitidez y no graban
Pero tener una cámara operativa tampoco garantiza seguridad. El informe revela que el 14% de las cámaras que sí funcionan no graban con la nitidez necesaria para identificar rostros o placas, volviéndolas inútiles para una investigación. Peor aún, el 28% no almacena las grabaciones durante los 45 días que exige la ley, borrando cualquier evidencia potencial. En esta grave falta incurren las municipalidades de Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huarmey, Huaylas, Pallasca e Independencia. La planificación es inexistente: el 83% de los municipios evaluados carece de un plan o programa de mantenimiento, y el 58% omitió realizar el mantenimiento preventivo en el último año, condenando los equipos a una obsolescencia programada por la inacción.
Serenos sin equipos
La situación del personal de serenazgo, quienes están en la primera línea de defensa, es una crónica de desprotección deliberada. De las 17 municipalidades que cuentan con serenos, solo el 23% les proporciona el equipamiento completo de protección. Un alarmante 12%, que incluye a las municipalidades de Recuay y Pallasca, no les entrega ningún tipo de implemento, enviándolos a enfrentar el peligro con las manos vacías. El 65% restante solo les otorga equipo parcial. A esta indefensión se suma el aislamiento: 48 radios de comunicación están inoperativas, rompiendo la cadena de mando y auxilio en momentos críticos.
Camionetas inoperativas
Las patrullas que deberían recorrer las calles a menudo no pueden hacerlo. De los 154 vehículos destinados al patrullaje municipal, 21 están inoperativos, principalmente motocicletas (14) y camionetas (4). La Municipalidad de Huarmey vuelve a destacar negativamente: sus diez vehículos motorizados (camionetas y motos) están fuera de servicio, dejando el patrullaje a pie o en bicicleta.
Municipios sin plan
La raíz del problema es una profunda falta de gestión y estrategia. Casi la mitad de las municipalidades (47%) no cuenta con un Plan Específico del Servicio de Serenazgo para 2025. Un 24% no realiza el patrullaje integrado con la Policía Nacional del Perú, una estrategia clave para la lucha contra el crimen. Además, múltiples municipios, como los de Carlos Fermín Fitzcarrald o Recuay, no elaboran el «Formato de Ocurrencias», por lo que no existe un registro formal de las incidencias, impidiendo el análisis delictivo y la toma de decisiones informadas.
Faltan serenos
Este caos administrativo se traduce en un déficit humano abrumador. En la provincia de Asunción hay un solo sereno para más de 2,200 ciudadanos. En Huaraz, la relación es de uno por cada 1,714 personas, y en Yungay, uno por cada 1,834. La seguridad es un espejismo sostenido por un personal insuficiente y desprotegido.
CORESEC notificado
Todo esto ocurre mientras la percepción de inseguridad en Áncash ha aumentado en 19.6% en el último año y delitos como la extorsión muestran un incremento acelerado del 40.5%. La Contraloría ha remitido los hallazgos a Koki Noriega Brito, presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), para que, en el marco de sus funciones, disponga las acciones que correspondan.
