En un escandaloso episodio que revela la desidia institucional, el Hospital Regional Víctor Ramos Guardia de Huaraz, fue víctima de un robo de medicinas e insumos médicos valorizados en S/ 742.32, según el Informe de Orientación de Oficio N° 002-2025-OCI/0830-SOO de la Contraloría General de la República. El hecho, ocurrido el 25 de febrero de 2025, no solo expone fallas críticas de seguridad, sino la indiferencia de quienes debían proteger un espacio vital para la salud pública.
Puertas rotas y chapas Inútiles
La Contraloría detalla que los ladrones ingresaron a la farmacia de consultorios externos y al área de admisión rompiendo ventanas de puertas sin seguro, accediendo con la facilidad de quien entra a su propia casa. Las imágenes adjuntas al informe muestran ventanas destrozadas, cubiertas precariamente con tablas de madera, un «parche» indigno para un hospital que atiende a miles de ancashinos. Peor aún: el robo incluyó narcóticos, sustancias de alto riesgo cuyo desvío podría alimentar mercados ilegales.
Marco Torres Cotillo, jefe de farmacia, y Juan Robles Leyva, jefe de vigilancia, admitieron ante la comisión de control que no había personal asignado a resguardar estas áreas ¿La excusa? Una puerta clausurada por obras de mantenimiento y la «falta de presupuesto». Mientras tanto, las cámaras de seguridad brillaron por su ausencia.
No hay vigilancia y silencio cómplice
El informe señala que, pese a las advertencias previas, ningún guardia custodiaba las zonas críticas durante el turno nocturno. Juan Robles Leyva reconoció que la vigilancia era «insuficiente», pero omitió explicar por qué no se activaron protocolos de emergencia. La Dirección Ejecutiva del hospital, liderada por Lidia Figueroa Barreto, recibió el inventario de lo robado (Imagen n.º3), pero hasta marzo no emitió respuestas concretas.
La Contraloría evidencia el incumplimiento de normas clave como la Resolución 320-2006-CG que exige evaluación de riesgos y controles de acceso, ignorados por el hospital. Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento (RM 132-2015-MINSA) que obliga a restringir accesos y reportar robos, algo que nunca ocurrió.
Pacientes pagan el precio
Mientras las autoridades se escudan en burocracias, los pacientes son los verdaderos afectados. «Sin medicinas, nos mandan a comprar fuera, pero no tenemos dinero», relata una usuaria y madre de un niño con problemas que depende de los insumos del hospital. Casos como el suyo se multiplican, en un contexto donde el robo de narcóticos podría desatar una crisis de desabastecimiento y desconfianza.
