El Gobierno Regional de Áncash se encuentra en el ojo de la tormenta tras una serie de cuestionables decisiones en torno al proyecto de mejoramiento del Colegio Santa Rosa de Viterbo en Huaraz. Lo que debería haber sido una obra emblemática para la educación ancashina se ha convertido en un dolor de cabeza para la administración regional, encabezada por el gerente general Marco La Rosa Sánchez.
El proyecto, valorado en más de S/ 85 millones de soles, fue adjudicado al Consorcio EDUCA, una agrupación de empresas con un historial preocupante. Costa Ingeniería y Construcción SAC, uno de los miembros del consorcio, fue inhabilitada para contratar con el Estado por tres años debido a la presentación de documentos falsos, apenas un día después de la supuesta firma del contrato con el Gobierno Regional. Este hecho levanta sospechas sobre la transparencia del proceso de contratación y la diligencia de los funcionarios regionales en la verificación de antecedentes.
Pero las irregularidades no terminan ahí. La Contraloría General de la República, en su Informe de Hito de Control N° 10509-2024-CG/GRAN-SCC, reveló que el Consorcio EDUCA habría presentado documentación inexacta y falsa para acreditar la experiencia de sus profesionales en esta misma licitación del Colegio Santa Rosa. A pesar de estas graves acusaciones, el Gobierno Regional ha desembolsado más de 21 millones de soles, equivalentes al 24.7% del presupuesto total de la obra, sin que se haya completado siquiera el plan de contingencia previsto para septiembre de 2024.
El comité de selección encargado de adjudicar el contrato también ha sido objeto de críticas. Liderado por Fernando José Solís Maguiña, quien fue sancionado en 2023 por irregularidades en otro proyecto, el comité incluyó a profesionales cuya experiencia ha sido cuestionada. Esta situación plantea serias dudas sobre la capacidad y la integridad de quienes toman decisiones cruciales en el manejo de los recursos públicos.
Los retrasos en la ejecución de la obra han sido constantes. Para enero de 2025, la situación fue descrita como «insostenible» por la directora del colegio, afectando el bienestar de los estudiantes y la calidad educativa. A pesar de los múltiples informes de la Contraloría alertando sobre estas irregularidades, el Gobierno Regional ha mostrado una preocupante falta de acción decisiva.
La gestión del gerente general Marco La Rosa Sánchez se ha visto empañada no solo por estas controversias, sino también por acusaciones de nombramiento ilegal y falsificación de documentos, por las cuales está siendo investigado formalmente. Estos hechos ponen en tela de juicio la integridad y la capacidad de liderazgo de la actual administración regional.
Ante este panorama desolador, es imperativo que las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Regional, tomen cartas en el asunto de manera inmediata. La anulación del contrato con el Consorcio EDUCA y una investigación exhaustiva de todos los funcionarios involucrados en este proceso deberían ser prioridades urgentes. La ciudadanía ancashina merece una gestión transparente y eficiente de sus recursos, especialmente cuando se trata del futuro educativo de sus jóvenes. Es hora de que las autoridades rindan cuentas y se tomen medidas drásticas para restaurar la confianza en las instituciones regionales.
