El 26 de septiembre, tras la rendición de cuentas del alcalde Manuel Ugarte en la Municipalidad Distrital de San Marcos (Huari) se desató un altercado violento que involucró a la regidora Dagmar Borda y dos mujeres. El incidente ocurrió cuando Borda abandonaba el auditorio y fue atacada por una mujer de contextura gruesa, quien la golpeó en la cabeza con una botella de gaseosa. Testigos señalan que antes del ataque, las mujeres habrían estado esperando a la regidora, sugiriendo que el hecho fue premeditado. En medio de la agresión, el celular de Borda cayó al suelo, y una de las mujeres (la de blusa fucsia), cómplice de la agresora, habría toma y roba el celular y lo entregó a una tercera persona no identificada.
A pesar de los llamados de Borda para que intervinieran los serenos municipales, no se registró intervención alguna, lo cual, según algunas fuentes, habría sido por órdenes superiores. La agresora fue identificada como Silvia Peña Vargas, trabajadora de confianza de la gestión del alcalde, percibiendo un salario de más de 9,600 soles mensuales. Borda mostró luego una lesión en la mano, aparentemente causada por una mordida durante el enfrentamiento.
El último 9 de octubre, el programa dominical «China Polo» reveló un nuevo dato que complicaría la situación. Según el informe, la joven de blusa fucsia que participó en el incidente sería Krisstell Dane Alvarado Gonzáles, sobrina de la primera dama de San Marcos, Lesly Gonzáles Alfaro, y por ende sobrina por afinidad del alcalde Manuel Ugarte. Krisstell sería hija de Fanny Gonzáles Alfaro, quien es hermana de la esposa del alcalde Ugarte, lo que sugiere un vínculo familiar directo en el ataque a la regidora.
Esta revelación ha generado nuevas sospechas sobre la premeditación del ataque, que habría tenido como objetivo robar el celular de la regidora para eliminar pruebas que guardaba, relacionadas con las denuncias que Borda ha realizado sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal. Además, se ha presentado un pedido de vacancia contra la regidora, lo que algunos interpretan como un intento de represalia para silenciarla en lugar de sancionar a las responsables del ataque.
