Un grupo de trabajadores estatales despedidos injustificadamente durante la década de los 90 ha iniciado una nueva etapa en su lucha por recuperar sus derechos. Tras más de 30 años de espera, estos trabajadores exigen al gobierno el cumplimiento de la norma legal 31218 y del Decreto Supremo 09363, los cuales ordenan su reincorporación y el pago de sus beneficios laborales y sociales.
Carlos Miranda Arroyo, uno de los trabajadores afectados, denunció que a pesar de la existencia de una norma clara que ampara sus derechos, el gobierno actual se niega a cumplirla. «Hemos esperado demasiado tiempo por justicia. Es hora de que el Estado reconozca el daño causado y nos restituya lo que nos corresponde por ley», afirmó Miranda.
Los trabajadores afectados han advertido que, de no obtener una respuesta favorable por parte del gobierno, no dudarán en tomar acciones legales contra el Congreso de la República. «Exigimos que el Congreso cumpla con su función de fiscalizar al Ejecutivo y garantice el cumplimiento de las leyes», señaló Miranda.
